Fachada de la Cámara de Diputados en Ciudad de México

Secretaría de Gobernación presentó acusación a juez de distrito ante la Cámara de Diputados para iniciar juicio político

Este miércoles se publicó que la Secretaría de Gobernación presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por actos irregulares en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con jornada.com.mx, el Poder Ejecutivo acusa al juez Contreras de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes y de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

El juicio político está regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. Se trata de un procedimiento que inicia cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados en el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales y por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

La Constitución señala que son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos autónomos.

Sin embargo, el juicio político, que se tramita ante el Congreso de la Unión, procede exclusivamente en contra de senadores y diputados del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, consejero presidente, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.

El procedimiento inicia a petición de cualquier ciudadano, “bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba”, ante la Cámara de Diputados, que actúa como órgano de acusación.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio: i) el ataque a las instituciones democráticas; ii) el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; iii) las violaciones a los derechos humanos; iv) el ataque a la libertad de sufragio; v) la usurpación de atribuciones; vi) cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; vii) las omisiones de carácter grave, y, viii) las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.

La acusación es turnada a la subcomisión de examen previo, la que determina si hay elementos para iniciar un juicio político y si es así remite al Pleno. Si el Pleno acepta la acusación por mayoría absoluta del número de miembros presentes en la sesión, se envía a la Cámara de Senadores que actúa como órgano de sentencia que puede, en su caso, sancionar con la destitución y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Por supuesto, se respeta al inculpado su derecho a ser escuchado.

Cabe señalar que el juicio político solamente podrá ponerse en marcha durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de comenzado el procedimiento.

Con información de La Jornada, el desahogo de las solicitudes de juicio político debe resolverse en orden a la antigüedad en que fueron presentadas. Es decir, esta nueva acusación se enlista después de las presentadas en contra de los ex consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, del senador Jaime Bonilla y de las peticiones en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no reducir sus salarios.

Cabe señalar que hasta el 31 de enero, esta petición no ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Más información jornada.com.mx /sil.gobernacion.gob.mx

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