Mujer mayor sonriendo

Se publicó reforma que amplían garantías de acceso a la justicia de las personas adultas mayores en procedimientos penales

Este miércoles 3 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales para adaptar las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, cuando así lo requieran.

Las reformas fueron aprobadas en el Cámara de Diputados el 24 de marzo de 2021 y aprobadas en el Senado de la República el 22 de noviembre de 2023. Se trata de una reforma que encuentra su fundamento en documentos internacionales y legislación nacional, adaptando la noción de “ajustes razonables” previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los define como ''las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio/en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.”

Al analizar la iniciativa de reformas se juzgó que no es suficiente este concepto de “ajustes razonables”, que fue concebido para personas con discapacidad, y que se debe otorgar mayor protección a las personas adultas mayores. Estas protecciones han sido otorgadas por el Poder Judicial de la Federación que en diferentes sentencias amplían el nivel de protección a este grupo de la población.

Incluso, en reiteradas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se deben tomar consideraciones especiales cuando una persona adulta mayor se encuentra en un proceso penal, ya sea como víctima, ofendido o imputado.

Estas decisiones se han tomado considerando la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en el artículo 4, inciso e) dispone:

“Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: ...

“e) Adoptarán y fortalecerán medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha manifestado sobre este tema señalando que en el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, se tiene que garantizar su derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Finalmente, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en los artículos 4.º y 5.º el derecho a la certeza jurídica, teniendo como principio rector en la observación y aplicación de la ley, la igualdad sustantiva, conceptualizado como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es así como el Decreto, que inicia vigencia el 4 de enero, dispone las siguientes reformas:

“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

“XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos.

“De igual forma, se adaptarán las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores, cuando así lo requieran;

“Artículo 113. Derechos del Imputado

“XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad o personas adultas mayores cuyo cuidado personal tenga a su cargo;”

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