Estrechando manos

Se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Con la dispensa de todos los trámites, en la sesión del 13 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada ese mismo día en la Cámara de Senadores. Era una asignatura pendiente desde 2018.

Esta nueva Ley General tiene su antecedente directo en la reforma publicada el 15 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación de los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución en materia de Justicia Cotidiana, con el fin de que se diera mayor efectividad al principio de oralidad y se priorizara la solución de fondo de los conflictos judiciales por encima de los aspectos procesales. Esta reforma se basó en las a las que llegó el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, tras la organización de varios foros de consulta.

La reforma concedió 180 días para la elaboración de las leyes secundarias, entre ellas un Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Pese a que desde el 5 de febrero de 2017 el Congreso de la Unión quedó facultado “para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias”, esta ley no fue expedida antes.

Por lo anterior, el 08 de septiembre del 2023, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, notificó al Congreso General la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, dentro del amparo en revisión 651/2022, sobre la omisión de expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Para esa fecha ya se habían recibido varias iniciativas y el Senado había celebrado varios foros de consulta, de tal manera el 4 de diciembre se presentó en la misma Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y reformar y adicionar la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Al momento de escribir estas líneas, la iniciativa, aprobada por ambas Cámaras, pasó al Ejecutivo Federal, por lo que probablemente en los próximos días sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Son varios los estados que ya cuentan con leyes que regulan estos mecanismos alternativos. Esta ley general lo que hace es sentar las líneas generales y los principios que se deberán observar para que estos procedimientos sean más uniformes.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias son instituciones auxiliares de la impartición de justicia que no se sujetan necesariamente a los órganos de gobierno competentes para su administración e impartición.

La nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tiene nueve capítulos y ciento cuarenta y dos artículos.

En el Capítulo I se dispone que estos mecanismos alternativos se aplican por conducto de personas facilitadoras en el ámbito público o privado, certificadas por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas.

De forma enunciativa se prevé que estos mecanismos incluyan la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, los que podrán llevarse en línea o de forma presencial, siendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación supletoria.

Se prevé la creación de Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como el máximo órgano colegiado, honorífico, rector en materia de políticas públicas respecto de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Cabe señalar que estos mecanismos funcionarán en materia civil y mercantil y también administrativa. Así, las entidades, dependencias, órganos y organismos de los tres órdenes de gobierno, las empresas productivas del Estado y órganos constitucionales autónomos, podrán concurrir a los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que corresponda, siempre y cuando el asunto sea admisible, no resulte contrario al orden jurídico o interés público, ni verse sobre derechos indisponibles. Los mecanismos, tendrán el alcance, efectos y régimen jurídico previsto por la Ley general y las leyes federales o locales aplicables.

Los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias son los órganos auxiliares del Poder Judicial de las entidades federativas, públicos o privados y existirán también en materia administrativa.

Estos mecanismos alternativos de solución de controversias, identificados como MASC, serán supervisados por personas facilitadoras, públicas o privadas, certificadas por los Poderes Judicial Federal y de las entidades federativas, con fe pública para la celebración de los convenios entre las partes en conflicto y para certificar las copias de los documentos agregados a los convenios. En estos procedimientos también podrán intervenir personas abogadas colaborativas certificadas.

Está previsto que los mecanismos alternativos de solución de controversias que no deriven de un procedimiento jurisdiccional se realicen en sesiones necesarias que no podrán exceder de tres meses, salvo que por acuerdo de las partes involucradas se solicite más tiempo.

Si emanan de un procedimiento jurisdiccional, los plazos procesales serán suspendidos, dando aviso a la autoridad jurisdiccional, sin que implique la limitación de los efectos y vigencia de las medidas provisionales tomadas en el proceso jurisdiccional de origen.

La Ley General dispone los requisitos que deberán tener los convenios a los que las partes lleguen y los alcances que tendrán. Así, estos documentos deberán ser inscritos y registrados, a partir de lo cual tendrán el efecto de cosa juzgada.

Cuando en el convenio se acuerde un acto que conforme con las leyes deba constar en escritura pública, los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o su equivalente. Los efectos de la anotación estarán limitados y quedarán sujetos al otorgamiento del instrumento acordado por las partes en el convenio. Salvo autorización expresa de las partes, la persona facilitadora no podrá hacer ni ordenar ningún tipo de anotación.

En materia familiar, los convenios podrán ser modificados cuando cambien las circunstancias que dieron origen a su suscripción, especialmente en materia de alimentos (únicamente respecto de su monto, forma o cancelación), guarda y custodia, y régimen de visitas y convivencias.

Queda mucho más por analizar de esta nueva Ley General. Lo importante es que se conozca para que las personas puedan optar por esta alternativa cuando así convenga a sus intereses.

Más información diputados.gob.mx

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