Hace algunos días, El Universal difundió una nota en la que denunciaba la venta en el barrio de Tepito en el Distrito Federal de una base de datos que presuntamente contiene diversa in formación sobre la ciudadanía, como los datos de la credencial de lector, licencias, etcétera.

 

El Instituto Federal Electoral  ha señalado al respecto que si se comprueba que se trata de datos provenientes del IFE, presentarán la denuncia que corresponda.

 

 

La Procuraduría General de la República por su parte, inició un acta circunstanciada sobre estos hechos. En las actas circunstanciadas se hacen constar conductas o hechos que por su propia naturaleza, o por carecer de elementos constitutivos, aún no pueden ser estimados como delitos. Estas actas se levantan en distintos caso, como cuando existe una denuncia en una nota periodísticas. Si de las actuaciones conducentes se desprende elementos constitutivos de un delito se podrá abrir la averiguación previa que corresponda.

 

Todas las entidades de gobierno, sean municipales, estatales o federales, tienen datos personales de cada ciudadano, y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y su equivalente en cada uno de los estados, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 

El abuso de estas bases de datos en materia federal se sancionó en el Código Penal Federal a partir del año 2000. Así, el artículo 211 bis 2 señala que la persona que sin autorización conozca o copie información contenida en los equipos del Estado recibirá una pena de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

 

Si la información a la que se accesó sin autorización es en materia de seguridad publica, la sanción es de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días para la persona que conozca, obtenga, copie o utilice esa información. Si es o fue servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo público.

 

En el caso de servidores públicos o personas que por sus actividades tienen autorización para accesar a estas bases de datos, la pena que se impone por copiarlas indebidamente es de  uno a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa.

 

Si la información es en materia de seguridad pública, al que indebidamente obtenga, copie o utilice la información se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días. Cuando se trata de un servidor público, se impondrá hasta una mitad más de la pena impuesta y la inhabilitación para un puesto público por un periodo de tiempo igual a la pena.

 

El obtener la información está tipificado como delito, pero el comercializarla, no está sancionado específicamente, por lo que el Congreso de la Unión deberá legislar en la materia federal sobre el tema.

 

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