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Iniciativa de reformas propone enfatizar que las personas inimputables de ninguna manera deben ser ingresados en centros penitenciarios

En la sesión del 5 de julio de la Comisión Permanente se recibió una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la situación de las personas inimputables que están privadas de su libertad.

La iniciativa fue presentada por el diputado Andrés Pintos Caballero de Movimiento Ciudadano, en la que hace referencia a interesantes cifras sobre la sobrepoblación en el sistema penitenciario, un problema que fue abordado por la Ley de Amnistía publicada el 22 de abril de 2020 y que, pese a favorecer la liberación de personas ingresadas a prisión por aborto, por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena o afro mexicana, por posesión de narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, por robo simple y sin violencia o por de sedición, no consiguió liberar suficiente espacio en los centros de detención.

Conforme con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021, la infraestructura penitenciaria nacional estaba conformada por 317 centros: 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, con una capacidad instalada total de 220,831 espacios para la población privada de la libertad.

Citando el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria de abril de 2023, la población total de 2023 es de 231,907 internos, de los que el 94.34% son hombres y el 5.66% mujeres, lo que significa una sobrepoblación en al menos 135 centros de readaptación social.

El problema de la sobrepoblación penitenciaria tiene varias causas, pero el diputado Pintos llama la atención sobre las personas inimputables que si bien no deberían estar ingresadas en centros penitenciarios, lo están lo que constituye una violación a sus derechos humanos.

Las personas inimputables son las que se incluyen en los supuestos de la fracción VII del artículo 15 del Código Penal Federal, que excluye del delito cuando no exista la capacidad de comprender el carácter ilícito de acto o conducirse de acuerdo con esa comprensión, por padecer un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Es decir, son quienes cometen un acto tipificado delito, pero que carecen de madurez mental o física y que al tener anuladas o gravemente perturbadas la voluntad y la conciencia, no pueden ser responsables de sus actos.

En caso de que la persona hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, responderá por el acto cometido siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Por ejemplo, en nuestro sistema no son completamente inimputables las personas que actúen bajo los efectos de narcóticos, como sí lo son en la legislación penal francesa.

El segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

En función del objetivo de la reinserción, la legislación dispone que a las personas inimputables se les deben establecer medidas de seguridad conforme con su condición física que debe ser verificada por un especialista en la materia.

Este tratamiento es conforme con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, que establecen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de la libertad, que en la regla 109, numerales 1 y 2, se señala que:

“1. No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible.

“2. En caso necesario, otros reclusos con discapacidades o enfermedades mentales podrán ser observados y tratados en centros especializados bajo la supervisión de profesionales de la salud competentes.”

La iniciativa presentada la semana pasada propone adicionar el artículo 67 del Código Penal Federal para precisar que una vez que se han realizado todos los peritajes correspondientes para determinar que una persona es inimputable, “si se determinara la medida de internamiento, esta no deberá realizarse en centros penitenciarios.”

También se propone la reforma al artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en su primer párrafo establece que si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria y, en su caso, si fue provocada por el imputado. La reforma propone imponer como obligación al ministerio público practicar todos los peritajes necesarios y en caso de tratarse de inimputabilidad permanente, no ingresar a la persona a un centro penitenciario.

La iniciativa ha sido turnada a comisiones y el tiempo dirá si se convierte en ley vigente o si pasa a formar parte de las ideas que no llegan a buen término.

Más información diputados.gob.mx

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