Cerditos

Se propone incluir en el Código Penal Federal el delito de crueldad contra los animales, que otorgaría una amplia protección incluso a animales de granja

La diputada Lorena Piñón Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, presentó esta semana en la Comisión Permanente una iniciativa que propone no solo incluir en el Código Penal Federal el delito de crueldad animal, sino crear una fiscalía especializada para perseguir este tipo de delitos.

El documento parte del fundamento de que el artículo 3º de la Constitución dispone que la educación que imparte el estado debe fomentar el respeto a todos los derechos, las libertades, además de contribuir “a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza”.

El asunto de si los animales tienen derechos, y con ello, libertades, ha evolucionado favorablemente y actualmente casi nadie discute que sí tienen derechos, dejando a un lado la visión de que son “cosas”, para reconocerlos como seres vivos. Sin embargo, debido a los principios judeocristianos que impregnan nuestra cultura, según los que el mundo fue creado para satisfacer al hombre, a los animales se les siguen negando derechos elementales como el derecho a la existencia o a vivir y desarrollarse en su medio ambiente natural, dos derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales el 15 de octubre de 1978. Así, se siguen aplastando a los pollitos machos en cuanto nacen (usados luego para hacer caldo de pollo en polvo), y todavía no se prohíbe del todo el uso de animales marinos en espectáculos. Ni hablar de las corridas de toros y peleas de gallos, otro tema importante de crueldad animal, que al definirse como “tradición cultural”, siguen vigentes en muchos países, México incluido.

En México, ya son varias leyes federales y estatales las que protegen a los animales de actos de crueldad y un análisis de esta legislación es realizado por la diputada Piñón en su iniciativa. De esta forma, recuerda que la mayoría de los estados cuentan con leyes de protección animal y que en varios de ellos se ha tipificado como delito el maltrato y la crueldad hacia los animales.

Incluso, en la Ciudad de México la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) elaboran un protocolo para identificar el delito de maltrato animal por su vinculación con la violencia familiar.

A nivel federal, son dos leyes las que contienen disposiciones sobre el bienestar animal, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre. Además, el Código Penal Federal castiga actos de violencia y el tráfico de especies silvestres o en peligro de extinción y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se sanciona el tráfico de la totoaba macdonaldi.

Si existen estas protecciones, ¿de qué sirve un nuevo delito federal sobre maltrato animal? Serviría para que todas las protecciones contenidas en esas leyes se hagan efectivas, de forma muy amplia, incluyendo, por ejemplo, a las granjas porcinas y avícolas que tienen hacinados a los animales que crían para matar y ser consumidos. O incluso para detener en nuestro país la producción de foie gras, como se ha estado luchando durante años en California, porque la forma forzada de alimentar a los gansos para que el hígado les crezca, es maltrato animal.

En la iniciativa se señala que también protegería a la fauna silvestre en contra de proyectos del ejecutivo federal, citando el Tren Maya.

En la iniciativa se propone incluir en el Código Penal Federal el artículo 417 Bis: “Comete el delito de crueldad contra los animales toda persona que sin estar en peligro de ser muerta o herida; decida cometer por cualquier medio alguna conducta que lastime a un animal domesticado, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, provocando su muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física.

“Para este delito se impondrá pena de uno a cinco años de prisión.

“Toda persona que incurra en alguna de las conductas previamente descritas y que ejerza profesión, oficio o comercio que tenga relación con manejo y custodia de animales; quedará inhabilitado para ejercerlo por cinco años contados a partir de la fecha de su liberación.”

Este artículo tiene que ser entendido en parte conforme con lo dispuesto en las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Vida Silvestre.

Así, la primera define fauna silvestre como “Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación”.

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre define crueldad como “acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia”, y maltrato como “todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin”.

La diputada Piñón aclara que la iniciativa que presenta no incluye lo que en la NOM-032-SSA2-2010, se define como fauna nociva, es decir, los “animales domésticos o silvestres que pueden ser reservorios de vectores y/o de agentes causales de enfermedades”, haciendo referencia al gran número de perros y gatos abandonados que viven en las calles, lo que “podría estar favoreciendo el esparcimiento de patógenos zoonóticos lo cual representa un riesgo para la salud pública”.

Por lo anterior, señala, “la supervisión y el cuidado de los animales son asuntos que intervienen en el bienestar de nuestra población, debemos de mejorar los protocolos y políticas públicas para castigar, prevenir y sancionar los delitos que atentan con su integridad”.

A la par de la inclusión del delito en el orden federal, se propone la creación de la Fiscalía Especializada contra la Crueldad Animal, como parte de la Fiscalía General de la República, a la que le correspondería “la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en Ley General de Vida Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal Federal; relativos a hechos de crueldad, maltrato y violencia contra animales domesticados y fauna silvestre”.

Como nota aclaratoria, los animales domesticados no solo incluyen los de compañía, como perros y gatos, sino también a los animales de granja como vacas, gallinas y gallos, burros, caballos, toros, bueyes, cerdos, gansos, etcétera.

Pese a que la iniciativa podría contener algunas contradicciones (como la que se refiere a la llamada fauna nociva), la propuesta es amplia las protecciones y sería muy bien recibida por las muchas agrupaciones que en México se dedican a salvaguardar a los animales y a evitar el maltrato animal. Así, organizaciones como Mercy for Animals y las que conforman la Agrupaciones Por los Animales de México, APASDEM, tendrían una herramienta más efectiva para actuar en contra de criaderos y mataderos de animales y el fundamento para la prohibición de las corridas de toros se haría más sólido porque, al final, costumbre o cultura, crueldad es crueldad.

¿Las y los legisladores tendrán el valor de aprobar estas reformas? Ya veremos.

Más información diputados.gob.mx

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