Adulta mayor sonriendo

Se publicó el Decreto de aprobación por el Senado de la Convención de la Organización de Estados Americanos de protección a personas adultas mayores

Este 10 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objeto es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.”

Se trata de un documento adoptado el 15 de junio de 2015 en Washington D.C., Estados Unidos, y que inició vigencia el 11 de enero de 2017, 30 días después de que Bolivia depositó el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA.

En México, este instrumento fue enviado por la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Senadores el 11 de noviembre de 2022 y aprobado en la larga sesión del 13 de diciembre con 95 votos a favor.

La Convención procura que mediante medidas legislativas los estados parte garanticen los derechos y libertades para las personas mayores, entendiendo que son las personas mayores de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que no sea superior a los 65 años.

Contiene diferentes principios como la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; la autorrealización; la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; el respeto y valorización de la diversidad cultural; la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad; así como en su cuidado y atención.

Para alcanzar estos principios, los estado signatarios se comprometen a adoptar medidas para prevenir, sancionar erradicar las prácticas contrarias a la Convención, así como adoptar medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en el documento, absteniéndose de adoptar cualquier medida legislativa incompatible.

Los estados también se comprometen a adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y a establecer instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

Los principios, derechos y obligaciones contemplados en la Convención, no son del todo ajenos en México, pues en nuestro país se creó el 22 de agosto de 1979, mediante un decreto presidencial, el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), dependiente de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.

En octubre de 1980, el Insen recibió por primera vez presupuesto propio y a finales de ese año inició el programa de afiliación de personas de 60 años y más, quienes empezaron recibiendo servicios de atención médica, además de acceso a actividades culturales, recreativas y manualidades.

En enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual el Insen pasó a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social y cambió durante unos meses su nombre a Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen), hasta el 25 de junio cuando se publicó en el Diario Oficial la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, documento que dio origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Esta Ley establece los derechos de las personas adultas mayores que, en México, son las personas de 60 años o más, y los deberes del estado, sociedad y familia, obligando a que se establezca una política nacional sobre personas adultas mayores, basada en los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad, atención preferente e igualdad sustantiva.

Entre los derechos que se protegen está el acceso a una vida digna, libre de violencia y discriminación, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados, a recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, teniendo atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar.

Las personas adultas mayores en México también deben contar con atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público, lo que incluye asientos preferentes no nada más en los establecimientos que prestan servicios al público, sino también en los servicios de autotransporte de pasajeros.

La Ley dispone, además, que la familia está obligada a otorgar alimentos, a fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, a evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos, y a atender sus necesidades psicoemocionales cuando se encuentre en alguna institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención.

Sobre estas obligaciones familiares, en agosto de 2022 se presentó una iniciativa en el Congreso de Aguascalientes para exceptuar de la facultad de exigir alimentos a los ascendientes que no los dieron cuando los hijos los necesitaban. Si bien una disposición de este tipo es contraria a los principios establecidos en la legislación federal, la adhesión de México a esta Convención Interamericana hace imposible que legislativamente se adopten este tipo de disposiciones por ser contrarias a los derechos de las personas adultas mayores.

Hasta el momento, la Convención ha sido ratificada, en orden cronológico, por Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú y Colombia, país este último que, al depositar su instrumento de adhesión en septiembre de 2022, declaró que las obligaciones económicas, sociales y culturales “deberán interpretarse como obligaciones de medio y no de resultado, sujetas a las capacidades institucionales y a los lineamientos del sistema legal nacional”.

De acuerdo con el Decreto del 10 de enero, México ha ratificado sin declaraciones ni reservas.

Más información senado.gob.mx / oas.org / inapam.gob.mx

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