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En Proyecto de Sentencia se dispone que el derecho de petición se puede ejercer vía Twitter y que las autoridades deben responder, así sea por esa vía

Un asunto que está listado este miércoles para ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, obligaría a todas las autoridades que tengan cuentas en Twitter a dar respuesta a sus usuarios, conforme con el derecho de petición protegido en el artículo 8º de la Constitución.

El asunto fue presentado por un usuario de Twitter que en febrero de 2021 realizó tres preguntas al municipio de Guadalajara, Jalisco, en su cuenta oficial @GuadalajaraGob, sin haber recibido respuesta. Una de estas preguntas, incluso, fue hecha por mensaje directo.

En primera instancia, la juez de distrito excusó al ayuntamiento de dar respuesta porque las peticiones no se hicieron por la vía electrónica habilitada legalmente por la autoridad responsable. Esta decisión, sin embargo, se proyecta ser revertida por diferentes consideraciones muy interesantes.

Lo que conocemos con derecho de petición está regulado en el artículo 8 de la Constitución, uno de los pocos que no ha sufrido ninguna modificación desde 1917, que dispone:

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

La cuestión que en este asunto resuelve la Primera Sala es la siguiente: “¿Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital ‘Twitter’, se encuentran cubiertas por el ‘derecho de petición’ protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad?”

En un exhaustivo e interesante estudio sobre el derecho de petición, desde sus antecedentes históricos, doctrina y regulación en tratados internacionales y en otros países, el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, responde que sí, que esta obligación existe, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en la Constitución, es decir, que la petición se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa.

De esta forma se reconoce que desde 2006, fecha en que Twitter empezó a funcionar, las autoridades han utilizado la red social no solamente como un medio de difusión de información, sino también para aprender o captar opiniones sobre cuestiones de política pública, y, si bien, no está específicamente regulado respecto del derecho de petición, los avances tecnológicos han sido incluidos en la legislación nacional, de tal forma que en numerosas leyes se prevé como medio para hacer notificaciones el correo electrónico. De esta forma, en el Proyecto de Sentencia se señala que “lo cierto es que la legislación avanza en el sentido de ampliar las facilidades de comunicación a partir de las herramientas tecnológicas disponibles.”

Además, Twitter es “una red social cuya operación ha sido discutida en asuntos judiciales, generalmente como evidencia para respaldar casos contra personas que abusan de la red para fines de difamación, discurso de odio o formulación de amenazas; pero también para cuestionar a la empresa o sus usuarios por actos de censura a partir del bloqueo de cuentas o de seguidores, e incluso a gobiernos por el bloqueo de la red.”

En el Proyecto, se señala que tanto el derecho de petición como el derecho a la información, contemplado en el artículo 6º de la Constitución, “parten de la premisa de que el Estado debe mantener interacción con su población para atender sus peticiones, sea que éstas tengan la forma de solicitudes, denuncias, quejas, iniciativas o demandas, en el marco de una sociedad plural y democrática, en la que el voto, no es el único instrumento de representación ciudadana; y, en la que estos derechos, no sólo sirven para la legitimación de las instituciones democráticas, sino sobre todo, para el aseguramiento de una convivencia pacífica en la que los distintos reclamos tienen un cause institucional que busca atenderlos.”

En la revisión que se hace de las diferentes decisiones que sobre el derecho de petición se han establecido en la SCJN, se precisa, entre otros, que es un derecho que no puede ser limitado; que no hay obligación del peticionario o ciudadano de citar la ley en la que se apoya su petición; que el término breve para la respuesta es de cuatro meses y que no es excusa para no responder el exceso de trabajo; que incluso la falta de competencia de la autoridad no la exime de su obligación de dar respuesta; que las autoridades no están obligadas a resolver en un determinado sentido y que solamente están obligadas a contestar oportunamente, en breve término y por escrito.

Asimismo, se ha establecido que el peticionario debe señalar un domicilio para recibir notificaciones y que las peticiones las debe hacer en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.

Analizando el caso en particular, en el proceso el Ayuntamiento de Guadalajara no negó operar la cuenta @GuadalajaraGob, y se verificó que en su página web establece un enlace directo a esta cuenta y que vía Twitter ha dado respuesta a otras peticiones que le han sido formuladas, por lo que ha empleado este medio como uno de comunicación con los gobernados. Además, quedó claro que el tuitero que hizo la petición consintió expresamente que se le diera respuesta a partir de la propia plataforma, lo que demuestra que la autoridad siempre estuvo en posibilidad de dar respuesta, lo que no hizo ni siquiera cuando fue emplazada a juicio por la falta de respuesta.

Además, las leyes federales y locales de acceso a la información prevén varias formas de recibir denuncias, incluidas las electrónicas, “por lo que nada impide entender que la mensajería digital habilitada a partir de una red social podría equiparse a dicha herramienta de envío y recepción de solicitudes; ni tampoco podría descartarse como una forma de presentación electrónica el uso de la plataforma de una red social que deja huella o evidencia digital del envío de una petición; y que utiliza la autoridad a la que dicha petición se dirige.”

En el Proyecto, se obliga al Ayuntamiento a dar respuesta a las tres peticiones que le fueron formuladas, concediendo que estas respuestas se hagan vía Twitter. De forma más amplia, de ser aceptado, significaría que todas las autoridades que gestionen cuentas oficiales en Twitter debe atender todas las peticiones realizadas de forma pacífica y respetuosa, y dejar de actuar como “tweet stars” o como si se tratara de cuentas privadas de quien está encargado de gestionarlas, decidiendo a quién vale la pena responder y a quién no.

Antes de concluir hay un aspecto sumamente importante sobre el hipotético caso de que en el futuro las autoridades regulen la forma en que operan las cuentas de Twitter y que ya no deseen o pueden usar la plataforma para interactuar con los gobernados. De ser así, tal decisión tendría que ser debidamente justificada desde una perspectiva constitucional, por tratarse de un actuar regresivo desde los derechos humanos. Es decir, abierta y operando la cuenta, ya no se puede dar marcha atrás.

Estos mismos criterios pueden ser aplicados a las cuentas que gestionen actualmente en otras plataformas, como Facebook, o que empiecen a gestionar en el futuro.

Si has realizado peticiones pacíficas y respetuosas, y la autoridad no te ha respondido, puedes enviarles un enlace a esta nota para hacerles saber que no te hacen un favor respondiendo, sino que deben hacerlo. Punto.

Más información scjn.gob.mx

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