Teléfono con aplicación de Airbnb

 

Se presentó en Cámara de Diputados iniciativa para proteger en lo específico a quienes rentan inmuebles de corta estancia mediante plataformas digitales

El 15 de diciembre, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para adicionar obligaciones en las rentas temporales de inmuebles, tipo Airbnb, y proteger a quienes contratan este tipo de hospedaje.

Este tipo de rentas temporales, que están sustituyendo en materia turística el alojamiento en hoteles, no se refiere a limitar los espacios a rentar para evitar la escalada de precios en las rentas de largo plazo que están sacando a las personas de las ciudades hacia las periferias, pero, al imponer ciertas condiciones a los propietarios, podría lograr sacar de este mercado, al menos momentáneamente, algunas propiedades.

La iniciativa presentada por el diputado Mauricio Prieto Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, propone adicionar un artículo 65 Quater a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad conceder protección a los “miles de consumidores de este servicio” y que “las personas que optan por utilizar este modelo de hospedaje tengan condiciones de trato similar de aquellas que se hospedan en hoteles exprofeso que brindan servicios de hospedaje tradicionales, es decir que estén amparados por una ley del consumidor.”

Estas protecciones a los consumidores, implican obligaciones de los propietarios de casas y departamentos que se ofrecen en plataformas digitales para corta estancia.

Dos de estas obligaciones significan una carga económica para los propietarios, ya que, de ser aprobada la reforma, estarían obligados a contratar una póliza de seguro de hogar, “que ofrezca la protección necesaria para las personas, inmueble y los bienes que se encuentren en ella, para cubrir los gastos derivados de accidentes que pueden darse en el lugar” y a disponer de un detector de humo, un detector de monóxido de carbono y un extintor de incendios.

Además, quedarían obligados a ofrecer la casa, departamento o habitación privada para dos personas máximo, “en condiciones de higiene y limpieza adecuadas” y hacer saber al huésped, en el momento de hacer la reservación, las comisiones de servicio y gastos de limpieza que va a pagar y cómo se distribuye”.

Asimismo, se prevé que el propietario facilite sus datos de contacto, así como información sobre las medidas de seguridad, las normas de la comunidad de vecinos u otras normas establecidas por las organizaciones de inquilinos, las normas de la casa o departamento y la guía para el huésped.

Finalmente, se propone la obligación de reembolsar el costo del alquiler y pagar los daños ocasionados en caso de que no se preste el servicio contratado, no se haga en las condiciones pactadas, no se faciliten las llaves o el acceso a lugar, o se presente “algún contratiempo en el viaje”, sin precisar esto último.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se hace referencia al acuerdo al que las autoridades de la Ciudad de México llegaron con Airbnb para que cumpla la disposición incorporada en 2018 en Código Fiscal local de inscripción en el padrón del impuesto correspondiente en su carácter de intermediario, promotor o facilitador para calcular el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje de los inmuebles que se renten y pagarlo dentro del los 15 días de cada mes.

El primer acuerdo de este tipo lo firmó el gobierno de Jalisco con Airbnb en mayo de 2022 y, como el de la Ciudad de México, tiene la finalidad de la recaudación del impuesto, además de la promoción del estado como destino turístico.

La iniciativa presentada el pasado mes de diciembre, incluye una reforma a la fracción X del artículo 1º de la Ley, que no tiene relación directa con el tema de las rentas de corta estancia, porque amplía la protección de los derechos de las personas en actividades de consumo a condiciones de situación social, salud, religión y preferencia sexual.

Sin ánimo de ser crítica en exceso, a la iniciativa le hace falta mucho trabajo legislativo, empezando por la redacción, pero es una buena aproximación para regular específicamente lo relativo a este tipo de rentas cortas. Vale la pena recordar que, aun sin esta reforma, quienes rentan en estas plataformas están protegidos por las reglas generales establecidas en la Ley Federal del Protección al Consumidor.

Este tema de las rentas turísticas de corto plazo se presta para discutir un fenómeno importante que se está presentando en las grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México incluida, sobre la gentrificación. Al respecto puedes leer más sobre las medidas que se están tomando en París, Francia, o las iniciativas que se han presentado para tratar de proteger a los inquilinos de larga estancia en Ámsterdam, Países Bajos, y que están publicadas en este sitio web.

Más información diputados.gob.mx

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