Foto histórica de personas votando

 

La reforma electoral toca temas sobre quienes y cómo pueden votar, la difusión de programas de gobierno y las mesas de casilla

El análisis de hoy lo empezamos con lo que se refiere al padrón electoral, siendo uno de los principales cambios que las y los mexicanos residentes en el extranjero ya no necesitan credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, INE, para integrar el padrón y votar.

Así, el artículo que señala que el Instituto facilitará que se tomen las huellas dactilares del o la ciudadana mexicana residente en el extranjero, se modifica para señalar que quedarán integrados al padrón con la presentación del pasaporte y el registro de firma y huellas dactilares en las oficinas correspondientes o en la plataforma digital dispuesta para dicho efecto. Esta información será validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se establecen medidas de seguridad para el funcionamiento la plataforma digital, operativo en el registro y para la emisión del voto.

Para votar lo pueden hacer presentando la credencial, la matrícula consular o el pasaporte y el conteo de los votos emitidos por Internet, será realizado por una mesa de escrutinio y cómputo electrónica implementada por el INE.

Se ha señalado que lo anterior se puede prestar a fraude. No debemos perder de vista que con la reforma constitucional que se publicó el 17 de mayo de 2021, en la que se reconocen como mexicanos a descendientes de padre o madre mexicana nacidos en el extranjero, el número de mexicanos aumentó en unos 25 millones de personas. Por supuesto, no todas estas personas han tramitado la nacionalidad y no todas ellas saben que pueden hacerlo.

Tanto la inscripción de nacionales residentes en México y el extranjero, así como los requisitos y todo lo relativo a la expedición de la credencial para votar, estará supervisado por el Órgano Nacional de Vigilancia del INE, antes de la reforma llamada Comisión Nacional de Vigilancia, ambos del Registro Federal de Electores.

Esta Comisión Nacional de Vigilancia “se integra, por la persona titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que la presidirá; una persona que fungirá como secretaria, proveniente del Servicio Profesional Electoral Nacional con funciones en el área registral, designada por quien preside; una persona representante propietaria y una suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales, y una persona representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.”

También habrá comisiones locales y comisiones distritales de vigilancia, con participación de los partidos políticos.

Se dispone que en los municipios en que existan dos o más distritos electorales, o que pertenezcan a una zona conurbada dentro de una misma entidad federativa, se instalará una sola Comisión de Vigilancia Municipal o Conurbada que atenderá los distritos que la integran. En los demás casos, se instalará una Comisión Distrital de Vigilancia por distrito federal electoral.

Por otro lado, las franquicias telegráficas para los partidos políticos se suspenden, pero permanecen las franquicias postales en servicios proporcionados por el Servicio Postal Mexicano.

Sobre la difusión de información gubernamental en tiempos de campaña, se remite a la Ley General de Comunicación Social, que actualmente está en proceso de reforma. A las excepciones de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia, se añaden las “necesarias relativas a servicios públicos”.

Con la reforma también se permite la votación desde el domicilio, exclusivamente para “las personas que se encuentren en estado de postración de forma permanente derivado de alguna discapacidad certificada médicamente. Para tal efecto, deberá garantizarse, conforme a los principios rectores de la materia electoral y bajo supervisión y vigilancia de los partidos políticos, un mecanismo previo a la jornada electoral que permita el ejercicio del voto de dichas personas ciudadanas. Los votos serán abiertos y computados hasta la etapa correspondiente, el domingo de la elección.”

También, se establecen reglas para permitir que las personas en prisión preventiva oficiosa voten. Esto podría general controversia porque la fracción II del artículo 36 de la Constitución dispone que se suspende la ciudadanía por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Electoral concluyó que las personas tienen derecho a votar, en tanto no hayan sido sentenciadas.

Igualmente, se cambian reglas para el voto de mexicanos en el extranjeros, como, por ejemplo, estableciendo voto presencial en las ciudades en que existan más de 10,000 ciudadanos residentes.

Para quienes han sido funcionarios de casilla, esta reforma resulta interesante porque de las múltiples actas que se deben llenar en la jornada, se pasa a un acta única por elección “que contendrá un apartado relativo a la información de la instalación y cierre de la casilla, un apartado relativo al escrutinio cómputo y un apartado relativo a la remisión de paquetes electorales.” Esta reforma parece obedecer a razones de reducción de costos de material de impresión, como se establece respecto de las boletas electorales y demás material electoral.

Sobre las reglas de las elecciones, se establece que “la Autoridad Administrativa Electoral y la Autoridad Jurisdiccional en ningún caso podrán emitir nuevos criterios, lineamientos o acuerdos que modifiquen las reglas del proceso electoral una vez que haya iniciado.

“La Autoridad Administrativa Electoral estará obligada a notificar al Honorable Congreso de la Unión de los temas en donde haga falta emitir leyes que se requieran, reformar, adicionar o derogar porciones normativas para adecuar y mejorar las leyes en la materia. Esta notificación deberá realizarse por lo menos, ciento ochenta días antes del inicio del proceso electoral.”

Así como se recorre de septiembre a la tercera semana de noviembre el periodo de las campañas, las pre campañas iniciarán ya no en noviembre, sino la tercera semana de diciembre.

Además, se obliga a quienes presenten los servicios publicitarios durante las campañas electorales, a cumplir con las normativas locales en materia de uso de suelo, publicidad exterior, protección civil, seguridad de las construcciones y cualquier otra que definan las autoridades de las entidades federativas.” Es una reiteración porque estas disposiciones siempre se han tenido que cumplir. Otra cosa es que las autoridades vigilen el cumplimiento.

También se plantean reformas sobre el procedimiento para nombrar a funcionarios de casilla, especificando que “en febrero del año de la elección, el Consejo General sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las personas ciudadanas que integrarán las mesas directivas de casilla.”

El número de ciudadanos que resulten sorteados de las listas nominales ya no será del 13 por ciento, sino del 10 por ciento y se dispone que una vez que se obtenga el número óptimo necesario para cubrir la casilla y su respectiva lista de reserva, no será necesario continuar visitando y notificando al resto de personas que resultaron insaculadas. Asimismo, se dispone del 6 de marzo al 9 de abril del año de la elección el periodo en que se impartirá el curso de capacitación a quienes resulten insaculados o sorteados.

A más tardar el 15 de abril se tiene que saber quienes integraran las mesas directivas de casilla, con preferencia de los ciudadanos no solo con mayor escolaridad, sino edad, eliminado el límite máximo de 70 años para ejercer alguna de estas funciones. Quienes resulten seleccionados recibirán otra capacitación que, a juicio del INE, podrá ser virtual.

Las reglas de nombramiento y acreditación de representantes de partidos políticos en las casillas cambia en algunos aspectos y ahora se permite que presenten cualquier tipo de escrito y no solo de protesta.

En materia de reelección de integrantes del Congreso, se dispone que “las y los legisladores que pretendan elegirse de manera consecutiva deberán notificar su decisión a la Presidencia de la Cámara del Congreso de la Unión de la que sean parte, para que se lo comunique al Instituto.” Las reglas sobre la fórmula con que podrán ser reelegidas o el partido al que pertenezcan, se establecen. Así, por ejemplo, “quienes fueran electos por el principio de representación proporcional sólo podrán hacerlo a través del partido político nacional que los postuló en el proceso electoral federal inmediato anterior, según sea el caso, salvo que hubiesen renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.”

Se dispone que los procesos ordinarios sancionadores serán facultad del Consejo general, la Comisión de Jurídica y de lo Contencioso Electoral o, en su caso, la Comisión de Fiscalización, y la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

Respecto de los procedimientos especiales sancionadores, tienen competencia el Tribunal Electoral y la Comisión Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

Es probable que de la revisión que hice de las reformas a la LGIPE algún aspecto importante se me haya pasado. Atribuyo esta falta a mi inexperiencia y desconocimiento de la materia. De cualquier forma, si se trata de una omisión que consideres importante, por favor escríbeme a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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