Interior del Instituto Nacional Electoral

 

En la reforma electoral se propone formar un sistema nacional electoral, modificando la estructura orgánica del INE

El llamado Plan B de la reforma electoral, propone reformas a tres leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; y, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, se presentó la iniciativa de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en sustitución de la de 1996.

Porque me ha parecido más sencillo, la metodología que elegí para este análisis, es ir revisando las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, señalado lo más destacado.

Empezando por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en adelante LGIPE, cabe señalar que la propuesta original incluía definiciones de sistemas normativos indígenas, autogobierno indígena, sistema normativo interno y gobierno comunitario. Estas reformas se eliminaron porque podrían haber colisionado con los principios de paridad de género y de eliminación de violencia política hacia las mujeres.

En la reforma se incluyen reglas respecto de los porcentajes de candidaturas a Diputaciones Federales y Senadurías, por mayoría relativa o representación proporcional, de personas que representen a los grupos de población en situación de vulnerabilidad, esto es, con discapacidad permanente, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.

Por otro lado, se adiciona un artículo 11Bis que señala que “Las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos.”

Además, el Instituto podrá difundir únicamente los datos que las y los candidatos, partidos y coaliciones pongan a su disposición al momento del registro.

Las reglas sobre coaliciones cambian y se suprime que “cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral”, para establecer que “Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos.”

La suma de los votos cambia para entender por “votación válida emitida el resultado que se obtenga de restar a la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los votos a candidaturas no registrados y los votos correspondientes a las candidaturas independientes, así como de aquellos Partidos Políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación.”

De organismo electorales, se cambia a un Sistema Nacional, integrado por el Instituto Nacional Electoral, INE, y los Órganos Públicos Locales de las entidades federativas, con la función de organizar elecciones y consultas en su ámbito de competencia, siendo esta una de las mayores controversias.

De esta forma, se cambia la estructura interna del INE, se modifica el calendario electoral para hacerlo más corto y se establecen disposiciones sobre el salario, entre otros.

Contrario a lo que se ha dicho, el Servicio Profesional Electoral no desaparece, sino que se integra en un solo sistema, que se refiere a servidores de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los Organismos Locales, pero no a la rama administrativa, regirá por las reglas expedidas por el Consejo General.

Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral y todo el personal será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución.

En materia de sus recursos se dispone que “El Instituto debe ejercer sus recursos presupuestarios conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales, éstos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este párrafo.”

Ahora bien, al convertirse en un sistema nacional, se dispone que “El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Electoral y tendrá las siguientes atribuciones:

“a) Integrar el Registro Federal de Electores, el padrón y las listas de electores;

“b) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia, y

“c) Regular e integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos previstos en esta Ley.”

Con palabras de más o de menos, las facultades del INE permanecen iguales, variando sus órganos, ya que desaparecen la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

La conformación del Consejo General permanece (una consejera o consejero presidente, diez consejeras y consejeros electorales, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los partidos políticos y una secretaria o secretario ejecutivo), pero ahora se dispone que los consejeros del Poder Legislativo, tienen voz, pero no voto y “no recibirán recurso público alguno por las funciones que desempeñen con tal carácter por parte del Instituto.”

Sobre los salarios de las y los consejeros electorales, se señala que “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, misma que no podrá justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución”, es decir, no podrán ganar más que la o el presidente de la República.

Para la preparación del proceso electoral el Consejo General, la reunión se recorre de septiembre a la tercera semana de noviembre del año anterior al se celebren las elecciones federales ordinarias. Al recorrer esta fecha, se reduce el tiempo de las campañas.

Por lo que se refiere a las Comisiones del Consejo General se dispone que se crearán las siguientes con carácter permanente: Administración; Organización y Capacitación Electoral; Igualdad de Género y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Partidos Políticos; Registro Federal de Electores; Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y Fiscalización. Las reformas señalan las atribuciones y conformación de estas Comisiones.

La creación de comités técnicos especiales para actividades o programas específicos debe ser aprobada por “por lo menos ocho votos a favor de las personas Consejeras Electorales”, y solamente se podrán crear para el cumplimiento de tareas especializadas encomendadas al Instituto en la ley.

El Consejo general ya no puede expedir reglamentos sobre el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, las cuales serán exclusivamente conforme con la LGIPE y la la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior ha sido criticado por quienes opinan que no se toma en consideración la importancia y mecánica de las tareas que desarrollan los comités técnicos, ni la cantidad de atribuciones que tienen a su cargo durante los procesos electorales. Se sostiene que al menospreciar su importancia, las elecciones podrían hacerse sin apego a los principios de certeza, profesionalismo y transparencia, entre otros.

Al cambiar la estructura orgánica del INE, las facultades y funciones se redistribuyen. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores queda facultada para supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, lo que en la Ley vigente que se pretende reformar corresponde a la Junta General Ejecutiva, que en la reforma se transforma en la Comisión de Administración.

Otro aspecto interesante es que las y los consejeros electorales ya no deberán ser mexicanos por nacimiento y basta con tener la nacionalidad. Este mismo requisito cambia respecto de las personas que integran las mesas directivas de las casillas.

Las juntas distritales cambian por “Oficinas Auxiliares”, y se precisa que actuarán durante los procesos electorales. Etas oficinas son las que proponen el número y ubicación de las casillas para la celebración de la elección.

Se crean las oficinas municipales como “órganos auxiliares que sirven como centro de apoyo y coordinación para la realización de actividades operativas previas, durante y posteriores a la jornada electoral, en zonas o regiones que se encuentren más alejadas de la sede distrital y con una vasta extensión territorial, con el objeto de hacer más eficientes las tareas que deban desarrollarse durante un proceso electoral.”

Por lo que respecta a los Organismos Públicos Locales se dispone que “no contarán con estructura municipal o distrital permanente. Durante los procesos electorales, podrán instalar órganos municipales o distritales integrados por un máximo de tres personas consejeras electorales”y, de manera excepcional, hasta cinco.

Dejemos hasta aquí esta primera parte de las reformas a la LGIPE.

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