Cámara de Senadores

 

El "Plan B" de la reforma electoral, en qué consiste y cuál ha sido su proceso legislativo

Estos últimos meses del año, se nos han ido mirando la discusión política de la reforma electoral, como si estuviéramos mirando un partido de tenis, con la pelota yendo y viniendo de un lado y otro. Ha servido el tema para seguir polarizando las opiniones, con información escueta y poco clara que acusa a un lado y al otro de traidores. En estos próximos días, aprovechando la poca actividad por el inicio de las fiestas decembrinas, me daré a la tarea de leer y analizar el dictamen para compartir mi opinión.

Antes de empezar, debo comentar que poco conozco de la materia electoral, un tema que, honestamente, me parece árido y, sí, aburrido. Esto significa que en este análisis iré aprendiendo y compartiendo este aprendizaje. Si me equivoco en algo, mucho agradeceré me lo hagas saber escribiéndome a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Hecha la aclaración, empezamos, de momento, no con el fondo, sino con los antecedentes.

La materia electoral está regulada, muy específicamente, en el artículo 41 de la Constitución. Explico el “muy”. En 2014, cuando se realizó una reforma electoral, en este artículo se incluyeron especificidades en materia electoral. Esta es una de las grandes críticas que se hace a las reformas constitucionales de los últimos años, ya que, en lugar de tratarse de un documento que sienta los principios generales, se han incluido detalles que, si bien evitan reformas en temas que se consideran especialmente sensibles, anquilosan el sistema legal, haciendo más complicado que se adapte a las circunstancias vigentes. Sobre este tema, como prácticamente todo en la vida, hay opiniones diferentes.

A partir de esa reforma, el 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. También se publicaron reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en 1996, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para regular lo relativo al Tribunal Electoral, entre otras.

A partir de esa reforma, se han incluido otros temas en materia electoral, como el de la revocación de mandato, cuya ley secundaria, Ley Federal de Revocación de Mandato, fue publicada el 14 de septiembre de 2021.

Regresando al artículo 41 de la Constitución, se incluyeron detalles en materia de consultas populares, tiempos de radio y televisión de los partidos políticos, desarrollo de los procesos electorales federales y locales, la elección de los dirigentes de los partidos políticos, la fiscalización de los partidos y asuntos relativos al Instituto Nacional Electoral, INE, (antes Federal), como la designación de integrantes y el servicio profesional del personal del Instituto.

En meses pasados, el presidente envió una iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral. Como la Constitución tiene detalles en la materia, para cambiar esos detalles se debe reformar la Constitución, pero el proceso es mucho más complicado que reformar leyes secundarias, como lo explicamos en el artículo Proceso Legislativo.

Para cambiar la Constitución se necesita que las dos terceras partes de los integrantes de ambas Cámaras acepten la reforma. Como los partidos de oposición se negaron a esta reforma, se presentó lo que se llamó el “plan B”, es decir, una serie de reformas a las leyes secundarias.

Este proyecto, que fue presentado en la Cámara de Diputados (cámara de origen) el 6 de diciembre por varios diputados de MORENA, propuso la reforma de tres leyes: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, se presentó la iniciativa de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en sustitución de la de 1996.

Las reformas propuestas se dividieron en tres rubros: ejercicio de derechos político-electorales, sistema nacional electoral y justicia electoral.

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados el mismo 6 de diciembre y fue turnada a la Cámara de Senadores (cámara revisora), que el 8 de este mes la turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Cabe señalar que la minuta con proyecto de decreto, que fue remitida de la Cámara de Diputados a la de Senadores, tenía errores, como que “se olvidaron” de transcribir fracciones de un artículo. Incluso se generó un debate porque, al parecer, la minuta que fue publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados, fue reformada y sustituida por la que se aprobó, sin que los integrantes de esa Cámara tuvieran pleno conocimiento de los cambios. Esta presunta falta al proceso legislativo seguramente será controvertida y, de aceptarse, podría revertir las reformas al considerarlas ilegales.

Pese a lo anterior, la minuta fue revisada en el Senado en la sesión del 14 de diciembre, sesión que duró hasta la mañana de 15 de diciembre y en la que, con la mayoría de MORENA, se aprobó la minuta con varios cambios realizados a la aprobada por la Cámara de Diputados, razón por la cual la minuta regresó a esa Cámara.

El 15 de diciembre, la Cámara de Diputados, discutió los artículos de la reforma que fueron modificados por la Cámara de Senadores y, a su vez, realizó otras modificaciones. Esto significa que el proyecto regresó al Senado, en cumplimiento con el inciso E) del artículo 72 de la Constitución, en el que se señala:

“Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.”

¿Qué significa esto? Que las reformas no están aprobadas todavía y que la Cámara de Senadores debe revisar las modificaciones. El período ordinario de sesiones, sin embargo, terminó el 15 de diciembre y ya se instaló la Comisión Permanente. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal anunció que solicitarán que se convoque en enero a un periodo extraordinario de sesiones para revisar varios temas pendientes y, pese a que no lo mencionó expresamente, uno de ellos es esta reforma en materia electoral.

Si el Senado aprobara, como es muy probable, la reforma irá al presidente para que la ratifique y ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, tendrán 30 días naturales para presentar una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal que, de encontrar inconsistencias con la Constitución, declarará la inaplicabilidad de porciones de la reforma. Cabe señalar que esta es la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución.

Como se aprecia, el estira y afloja político ha afectado la legalidad de la reforma y la sensación que queda, al menos a mí, es que se trata de una reforma tan gastada y manipulada que deja un mal sabor de boca. Y todo esto, antes de haber analizado de qué va esta reforma.

Más información diputados.gob.mx / senado.gob.mx

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