Mazo judicial

 

La controversia de la aprobación en Diputados de la iniciativa presidencial a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Durante la sesión del 8 de diciembre en la Cámara de Diputados, un asunto que generó mucha controversia fue la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por referirse especialmente a la Tercera Sección, que es la especializada en materia de responsabilidades.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena y, conforme con su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para resolver en materia de las faltas administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, se creó la Tercera Sección. Es importante señalar que se trata de una sección especializada que, a diferencia de las dos primeras secciones, no tiene facultades respecto de la materia fiscal.

Conforme con las reformas, en julio de 2017 iniciaron vigencia las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo hizo con órganos incompletos y no fue sino hasta el 30 de abril de 2021 que el Senado designó a Natalia Téllez Torres Orozco, y en noviembre de ese mismo año a Julio Ángel Sabines Chesterking como magistrados de la Tercera Sección de Sala Superior del TFJA, por un periodo improrrogable de 15 años. Hasta el momento no se ha designado a la tercera persona que complete la Tercera Sección, conforme con la ley.

En noviembre de 2021, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley orgánica del TFJA que fue aprobada la semana pasada, y que, en términos generales, plantea:

1. Establecer que el TFJA conozca de la terminación del servicio de las personas agentes del Ministerio Público, peritas e integrantes de las instituciones policiales.

2. Esclarecer el procedimiento de designación y ratificación de las y los magistrados del TFJA, particularmente con relación a la idoneidad.

3. Precisar que el Pleno General conocerá de asuntos de responsabilidades en los que se involucre a las y los magistrados de Salas Regionales.

4. Incluir el concepto de responsabilidad de las y los magistrados.

5. Eliminar la restricción de las y los magistrados de la Sección Tercera del TFJA para integrar la presidencia del Tribunal.

6. Agregar la obligación de razonar los votos particulares, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la sesión que emita la sentencia correspondiente.

7. Modificar las reglas de suplencia de las personas titulares de las presidencias tanto del TFJA como de la Sección Tercera.

8. Permitir la designación consecutiva por única ocasión de las y los magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales que integren la Junta de Gobierno y Administración.

9. Ampliar el periodo de la presidencia del Tribunal de tres a cuatro años.

Son varios los artículo controvertidos, pero especialmente, el quinto punto señalado antes, ya que al permitir que los tres magistrados o magistradas de la Tercera Sección, puedan ser nombradas presidentes del TFJA, se anula parcialmente la disposición del artículo 19 que señala que “por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.”

El Pleno Jurisdiccional se integra por el o la presidente del Tribunal y por los diez magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior. Entre sus atribuciones se cuenta establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal y resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de las y los magistrados del Tribunal.

La iniciativa presidencial, que, pese a las numerosas aportaciones de expertos en la materia, fue aprobada prácticamente igual por las Comisiones Unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, prevé en el Artículo Quinto Transitorio que “las y los Magistradas de la Sección Tercera y de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas mantendrá su adscripción durante todo el período por el que fueron nombradas. En caso de que la o el Magistrado Decano de la Sección Tercera sea elegido o elegida como titular de la Presidencia del Tribunal o como parte de la Junta de Gobierno, una vez concluido su encargo, se readscribirá de manera inmediata a su Sección de origen.”

En el Sexto Transitorio se lee: “En el supuesto de que las y los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la Presidencia, la postulación se realizará, por única ocasión, por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género.”

De forma muy evidente, estos artículos se refieren a la magistrada Téllez Torres Orozco, quien, de aprobarse la reforma en la Cámara de Senadores, podría ser nombrada presidente del TFJA y durar en el cargo 4 años. Este elección se efectuará en enero, porque ese mes termina la función en el cargo el magistrado Rafael Anzures Uribe.

Ahora bien, si se aprueba la reforma, ¿significa que la magistrada Téllez será la presidente? No necesariamente, porque el cargo de presidente es elegido por las y los integrantes del Pleno General que son, el o la presidente del Tribunal, los trece magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y los dos magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Hay otro aspecto interesante. La reforma también plantea que sea el Pleno General y no ya el Jurisdiccional, como es actualmente, el que esté facultado para conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren involucrados magistrados de Salas Regionales y la ejecución de las sanciones a estos magistrados.

Lo anterior significa que, aun cuando ningún magistrado (a) de la tercera Sección sea nombrado presidente del Tribunal y pueda participar en el Pleno Jurisdiccional, ya podrán intervenir en los asuntos de responsabilidades de magistrados de salas regionales, lo que podría dar un mayor control al ejecutivo federal sobre el Tribunal. Al menos de momento.

La reforma, para ser ley vigente, debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, quienes terminan sesiones el 15 de diciembre. No es difícil suponer que entre tantos asuntos que están pendientes, como la controvertida reforma electoral, se den el tiempo de aprobar también esta iniciativa, aunque podría suponerse que, como ocurrió del Diputados, le tengan que dedicar mucho tiempo debido a la oposición. Sin embargo, no será la primera vez que seamos testigos de maratónicas sesiones en las que aprueban todos los asuntos “urgentes”, para que puedan ir a sus respectivos estados a gozar del “Guadalupe-Reyes”, sin pendientes.

Más información diputados.gob.mx

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción vinculando y concediendo crédito a miabogadoenlinea.net

Pin It