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No es inconstitucional negar el acceso a la justicia mediante una acción colectiva tratándose de servicios públicos como la educación

Pese a que la falta de materiales adecuados en un telebachillerato, o en cualquier institución de educación pública, y la deficiente prestación del servicio público de educación, afectan a una colectividad, la vía para exigir el cumplimiento por el estado no es una acción colectiva sino, un amparo indirecto o una acción de responsabilidad patrimonial del estado.

Lo anterior fue decidido en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en julio, decisión publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 2 de diciembre de 2022, sentando un Precedente Obligatorio.

El caso se refiere a la acción colectiva presentada ante tribunales federales por una colectividad de por lo menos 30 personas, mediante su representante, en contra del titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y del titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, reclamando los daños ocasionados por el deficiente servicio público de educación en un telebachillerato por la falta de entrega de los materiales necesarios para que las clases se lleven de forma adecuada.

La demanda fue desechada por el juez de Distrito por ser notoriamente improcedente, estableciendo que, en el caso del servicio público de educación, que debe ser obligatorio y gratuito, conforme el artículo 3º de la nuestra Constitución, no está contemplado en el supuesto del artículo 578 del Código federal de Procedimientos Civiles que dispone la procedencia de las acciones colectivas.

En ese artículo se lee: “La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.”

La educación es un servicio público, sin duda, pero, ¿es de consumo? Se concluye que no, porque no es una relación de naturaleza comercial o financiera, y, al no ser de consumo, no puede ser exigido mediante una acción colectiva, sino mediante otras acciones que están previstas en la legislación mexicana.

En el caso, los promoventes reclamaron la inconstitucionalidad del citado artículo 578 por considerar que al limitar las acciones colectivas de servicios públicos a consumo, limitaba su derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, pero la Primera Sala concluyó que, cuando se legisló en materia de acciones colectivas, el legislador encontró justificado limitarlas a las relaciones de consumo de bienes o servicios y de medio ambiente, para generar un procedimiento de reparación de daños o afectaciones a los derechos económicos de una colectividad que, por su monto, no sería viable y redituable ventilar en un proceso individual.

Lo anterior, tomando en cuenta las desigualdades que están presentes en las relaciones entre proveedores y consumidores, ante el poderío económico, informativo y de decisión de proveedores de bienes o servicios (agentes económicos), frente a la posición del consumidor o usuario del servicio.

Conforme con este criterio, ¿en qué casos procedería una acción colectiva por la deficiente prestación de servicios públicos? Contra la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, o en materia de agua, siempre que la deficiente prestación del servicio ocasione afectaciones a los derechos económicos de la colectividad.

Esta sentencia indica que por lo que respecta a los demás servicio públicos (muy posiblemente incluido el de transporte público, aunque habría que analizarlo con detenimiento), se puede proceder para exigir la efectiva prestación por las vías de amparo indirecto o de responsabilidad patrimonial del estado, lo que, sin embargo, deja fuera la posibilidad de diluir los costos de la representación legal al tener que tramitarse uno a uno, es decir, individualmente.

Con esta decisión, se mantiene muy cerrada la pinza respecto de la procedencia de las acciones colectivas y con ello la posibilidad de medios jurisdiccionales más eficaces para que los usuarios podamos exigir de las autoridades que se presten servicios públicos dignos y de calidad, pese a que es notoria la necesidad de “un procedimiento de reparación de daños o afectaciones a los derechos económicos de una colectividad que, por su monto, no sería viable y redituable ventilar en un proceso individual.”

Más información scjn.gob.mx

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