Anillo entre los dedos

 

Primera Sala de la SCJN discute, entre otros, si procede imponer pensión compensatoria en divorcio iniciado antes de la regulación en la ley estatal

Está listado para resolverse este miércoles un caso largo y complejo en materia de pensión compensatoria al cónyuge que, durante el matrimonio, se dedicó exclusivamente a las actividades del hogar.

Se trata de un caso que presenta tres cuestiones diferentes, pero del que llama la atención si se puede exigir la pensión compensatoria en un divorcio que fue iniciado antes de que la figura de la pensión compensatoria estuviera regulada en la legislación estatal.

En pocas palabras, el caso que llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, fue presentado por un hombre que, cuando fue sentenciado a pagar compensación compensatoria a su exesposa, recurrió la sentencia señalando que cuando el divorcio se concretó en el estado de Veracruz no estaba vigente esa figura.

Cuando el divorcio de este matrimonio inició, estaba vigente el sistema de divorcio mediante causales, en el que se hacía referencia al “cónyuge culpable” del divorcio, y en este sentido, se imponían las reglas respecto de la pensión, en un sistema como de castigo y recompensa. En 2020, el Código Civil de Veracruz fue reformado para regular el divorcio incausado y la pensión compensatoria.

Haciendo un recorrido por las decisiones sobre la retroactividad de la pensión compensatoria, la Primera Sala señala en el proyecto de sentencia que si bien en un principio se pronunciaron a favor de que la pensión solamente fuera procedente en divorcios que iniciaran una vez que la reforma legislativa que prevé la figura estuviera vigente, el criterio cambió cuando se encontró que la pensión compensatoria encuentra sustento en el mandato constitucional de proteger a la familia, por lo que no depende de la regulación que exista en la legislación estatal para reclamar su validez. Por lo tanto, aunque no se señala así, puede ser exigida, incluso si la legislación estatal no la previera, por tratarse de este mandato constitucional de protección a la familia.

En conclusión, no puede alegarse que se trata de una norma retroactiva que se está imponiendo en perjuicio de uno de los cónyuges.

En el proyecto de sentencia “con el fin de brindar a los diversos órganos jurisdiccionales de esta Nación un criterio claro para la interpretación de la pensión compensatoria,” se hace un análisis del enriquecimiento injustificado para determinar si decretar una pensión compensatoria es procedente o no, partiendo del principio de que no se trata de un “castigo”, sino de una figura que busca llevar equilibrio a la situación económica de las personas que compartieron vida en común en un matrimonio.

En este análisis, en el proyecto se señala que “nuestra doctrina reconoce ampliamente el enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones, para lo cual, por lo general, se señalan cuatro requisitos:

“a. El enriquecimiento de una persona;

“b. El empobrecimiento de otra;

“c. La relación causal entre los dos elementos anteriores;

“d. La ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento.”

“La aplicabilidad de esta doctrina a la institución que analizamos ahora (pensión compensatoria)”, continúa el proyecto, “resulta evidente. En este caso, es la distribución desigual de las cargas dentro del matrimonio —donde una de las partes asume, en mayor medida, actividades tradicionalmente no remuneradas como las labores del hogar o el cuidado de hijos u otros parientes— lo que produce, por una parte, el empobrecimiento de quien las asume — generando, inter alia, costos de oportunidad que merman sus posibilidades de desarrollo profesional—, mientras que su contraparte, liberada de estas cargas, ve incrementada su capacidad de desarrollo.

“En cuanto a la ausencia de causa justificante, los diversos ordenamientos a lo largo de la República son uniformes en señalar que los derechos y obligaciones derivados del matrimonio corresponden por igual a ambos cónyuges. Luego entonces, si al concluir el matrimonio, una de las partes presenta un enriquecimiento considerable al tiempo que su contraparte se ha empobrecido, resulta evidente que dicho desequilibrio no es compatible con esta finalidad del matrimonio, configurándose así un enriquecimiento injustificado que faculta a la parte empobrecida a exigir su resarcimiento.”

En el proyecto de sentencia se analizan otros factores, como si el imponer la pensión compensatoria es contraria al principio de equidad de género por privilegiar mayoritariamente a las mujeres; si es procedente cuando el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal de la que se solicitó la liquidación; y en materia de carga de la prueba sobre si el cónyuge se dedicó o no preponderantemente a las actividades del hogar. Estos temas me quedan en el tintero para posteriores análisis sobre la pensión compensatoria.

Más información scjn.gob.mx

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