Lápida

 

Senado exhorta a autoridades a detener tráfico de restos humanos, que, en muchos casos, es incentivado por fines académicos o de investigación

Previo a la celebración del Día de Muertos, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, haciendo alusión al significado cultural de la muerte en México, presentó un dictamen para exhortar a diferentes autoridades de los estados y municipios a que tomen medidas adecuadas para prevenir y combatir la exhumación ilegal y el tráfico de restos humanos.

En el exhorto a las autoridades estatales y municipales, se hace referencia a diferentes investigaciones periodísticas que han revelado la exhumación ilegal y tráfico de restos humanos en la Ciudad de México, que son usados por grupos de santería o por estudiantes de medicina y odontología con fines académicos.

¿Los cadáveres están protegidos por la legislación mexicana? ¿Hay derechos después de la muerte?

El artículo 346 de la Ley General de Salud da respuesta a estas interrogantes al disponer que “Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.”

Derivado de lo anterior, el Código Penal Federal sanciona la exhumación de un cadáver sin cumplir los requisitos legales o con violación de derechos, con prisión de tres días a dos años o de 30 a 90 días multa y el artículo 281 establece que: “Se impondrá de uno a cinco años de prisión:

“I.- Al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o féretro, y

“II.- Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de necrofilia consisten en la realización del coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años.”

Disposiciones similares existen el los código penales de las 32 entidades federativas.

La Ley General de Salud advierte en el artículo 350 Bis que, en tanto no concluya el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas, “sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.” Este tiempo mínimo es determinado por la Secretaría de Salud.

De lo anterior se desprende que las exhumaciones no autorizadas, ya sea por motivos religiosos o educativos, siempre es un acto criminal.

El uso de cadáveres con fines de docencia e investigación, está regulado en la misma Ley General de Salud que dispone en el artículo 350 Bis 3 que para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con estos fines, “se requiere el consentimiento del disponente.”

“Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.”

Este artículo fue adicionado a la Ley General de Salud el 26 de mayo del 2000, disponiendo en el segundo párrafo que “Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social. Para tales efectos, las instituciones educativas deberán dar aviso a la Secretaría de Salud, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.”

Cuando el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación a Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el segundo párrafo fue reformado. Al hacerse referencia esta ley, la disposición de cadáveres de personas desaparecidas con fines de docencia e investigación quedó restringida puesto que, debido al alarmante índice de personas desparecidas, todos los cadáveres de personas fallecidas no identificadas, pasan a formar parte del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas en donde se sigue un protocolo para tratar de lograr la identificación y contactar con los familiares a quienes se debe informar dónde están enterrados los restos de su ser querido o el destino que se les dio.

Asimismo, se reformaron los demás artículos que desde el 2000 regulaban la disposición de los cadáveres de personas desconocidas. Así, el artículo 350 bis 4 contemplaba que “Las instituciones educativas que obtengan cadáveres de personas desconocidas serán depositarias de ellos durante diez días, con objeto de dar oportunidad al cónyuge, concubinario, concubina o familiares para reclamarlos. En este lapso los cadáveres permanecerán en las instituciones y únicamente recibirán el tratamiento para su conservación y el manejo sanitario que señalen las disposiciones respectivas.

“Una vez concluido el plazo correspondiente sin reclamación, las instituciones educativas podrán utilizar el cadáver.”

Desde noviembre de 2017, este artículo dispone que “Las instituciones educativas sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.”

Asimismo, se dispone que las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro en el que se contenga cierta información que permita identificar a la persona fallecida y a sus familiares.

Los cadáveres son parte importante en la formación de médicas, médicos y otros profesionistas de la salud en nuestro país, así como de la investigación. Pero las y los docentes no deben exigir al alumnado contar con partes humanas como huesos o esqueletos completos para aprobar las materias, sabiendo que con ello los están forzando a cometer un acto ilegal que, a su vez, fomenta la exhumación ilegal y tráfico de restos humanos.

Para disponer de cadáveres para la consecución de fines académicos y científicos, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en marcha el programa de Donación de Cuerpos, mediante el cual, antes de la muerte, obviamente, las personas aceptan donar sus cuerpos. Para hacerlo se sigue un protocolo en el que se incluye una entrevista con un médico o médica para asegurar que la persona conoce los alcances del programa. Al aceptar, la Universidad se hace responsable de tratar con respeto, dignidad y consideración los cadáveres que reciba, como lo prescribe la Ley General de Salud.

Esta es una opción para tratar de poner fin al tráfico de restos humanos que contribuye con la formación de los futuros profesionistas de la salud en México. Frente al festejo del Día de Muertos, la donación de cuerpos es una interesante reflexión, sabiendo que no solo existen opciones de sepultura o cremación tras la muerte.

Más información senado.gob.mx

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