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Senado aprobó reformas para que pueblos indígenas sean consultados en trabajos de investigación de bienes arqueológicos, pero no en todos los casos

En la sesión del 11 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para establecer que, bajo ciertas condiciones, las comunidades indígenas que habitan zonas de investigación de bienes arqueológicos, sean consultadas.

La iniciativa original fue presentada por la senadora Estrella Rojas Loreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley: “Previo a la realización de los trabajos establecidos en el párrafo anterior, si los monumentos se encuentran en lugares donde habitan comunidades y pueblos indígenas, se les deberá consultar su aprobación.”

La senadora Rojas fundamentó esta propuesta en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por México en 1991, que establece en el apartado a) del artículo 6 que la aplicación del convenio implica consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Aunado a este documento, el artículo 2º de nuestra Constitución, al reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, establece la obligación de las autoridades de consultarles específicamente para efectos de los planes y programas de educación y para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, al analizar la iniciativa, concluyeron que los términos de la reforma debían ser acotados “desde una perspectiva que permita la ponderación de la aplicación de las normas con base en el principio de derrotabilidad jurídica, entendiendo que no se trata de la invalidez de una norma respecto de otra, sino de la jerarquía que debe prevalecer entre enunciados jurídicos de naturaleza sustantiva y adjetiva.”

En este sentido, el análisis de la iniciativa se centró en “dirimir si las intervenciones de las instituciones del Estado responsables de la preservación del legado cultural del país, deben o no realizar una consulta previa, libre e informada, para llevar a cabo las labores de exploración e investigación sobre vestigios arqueológicos en territorios indígenas, o si esta consulta no es necesaria en virtud de que los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos son considerados por la ley en la materia como propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.”

Analizando la Constitución, el Convenio 169 y la ley en la materia, las y los senadores de las Comisiones Unidas concluyeron que no necesariamente cualquier intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en tierras de los grupos indígenas requiera de la aprobación de los integrantes de la comunidad de que se trate, sino de establecer un mecanismo que considere los niveles de intervención de las actuaciones que eventualmente puedan ocasionar alteraciones en su orden de vida.

De esta forma, tomando como referencia una tesis de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, publicada en el semanario Judicial de la Federación el 24 de junio de 2016, que dispone que “no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno”, la adición del segundo párrafo del artículo 30 de la mencionada Ley se modificó para quedar como sigue:

“Los trabajos a que hace referencia el párrafo anterior [para descubrir o explorar monumentos arqueológicos], que se realicen en territorio indígena, serán notificados previamente a la autoridad del pueblo o comunidad de que se trate a fin de que, cuando así corresponda, se garantice el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.”

En los términos referidos, el proyecto de reforma fue aprobado y turnado a la Cámara de Diputados para seguir con el proceso legislativo.

De ser aprobado sin modificaciones por la Cámara Baja, el problema que dejan a las autoridades y, probablemente, a los tribunales, será definir qué entender por “cuándo así corresponda”.

Más información senador.gob.mx

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