Manos en reja

 

Comisiones del Senado de la República analizarán ratificación de protocolo que actualiza el Convenio sobre Trabajo Forzoso de 1930

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República tienen previsto reunirse la tarde del 6 de octubre para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen de aprobación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado en Ginebra, el 11 de junio de 2014.

La aprobación de este Convenio adquiere mucha relevancia tras el informe que el 12 de septiembre presentaron la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, en el que señalan que cincuenta millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, con un considerable aumento en los últimos cinco años.

Para el informe, la esclavitud moderna consta de dos componentes principales: el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso y se refieren a situaciones de explotación a las que una persona no puede negarse o no puede abandonar debido a las amenazas, la violencia, la coacción, el engaño o el abuso de poder.

El trabajo forzoso es definido en el Convenio de 1930 de la OIT como "todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se ofrece voluntariamente".

De acuerdo con el informe, el 86 por ciento de los casos de trabajo forzoso ocurren en el sector privado. El trabajo forzoso en sectores distintos de la explotación sexual comercial representa el 63 por ciento de todo el trabajo forzoso, mientras que la explotación sexual comercial forzosa representa el 23 por ciento de todo el trabajo forzoso. Casi cuatro de cada cinco personas sometidas a explotación sexual comercial forzada son mujeres o niñas.

El otro 14 por ciento corresponde a trabajo forzado impuesto por el estado.

Casi una de cada ocho personas que realizan trabajos forzados son niños (3,3 millones) y más de la mitad de ellos se encuentran en situación de explotación sexual comercial.

Por otra parte, los trabajadores migrantes tienen más de tres veces más probabilidades de realizar trabajos forzados que los trabajadores adultos no migrantes.

El Convenio sobre Trabajo Forzoso de la OIT entró en vigor en mayo de 1932, con algunas disposiciones que se establecieron como transitorias, pero que quedaron suprimidas por el Protocolo aprobado en 2014, que inició vigencia en 2016, y cuya ratificación por México será analizada esta semana en las comisiones del Senado, para después, en caso de ser aprobado, presentar el dictamen al pleno.

Por ejemplo, en 1930 se aprobó incluir en el artículo 1º la siguiente aclaración: “Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende:

“(a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar;

“(b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo;

“(c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

“(d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población;

“(e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos.”

El artículo 7º del Protocolo de 2014 suprime esta porción del primer artículo y los artículos 3 al 24 del Convenio.

El Protocolo de 2014 también establece la obligación de los países de “adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.” En gran parte, esto implica acabar con la explotación sexual, especialmente de niñas y niños.

De igual manera, se dispone que “todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.”

México ratificó el Convenio de 1930 en mayo de 1934 y es un documento que está vigente en nuestro sistema jurídico. De aprobarse el Protocolo de 2014, se actualizarían las obligaciones del estado respecto del trabajo forzoso.

Sobre la aprobación por el Senado de este documento, es facultad exclusiva de esta cámara legislativa la aprobación de tratados internacionales, conforme con la primera fracción del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más información senado.gob.mx / ilo.org

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