Acto de corrupción

 

Proponen facultar a autoridades investigadoras en materia de responsabilidades administrativas para apelar sentencias de tribunales

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de dictamen de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer que las resoluciones emitidas por los Tribunales podrán ser impugnadas por la autoridad investigadora.

La iniciativa fue presentada a la Cámara de Diputados el 22 de marzo por el Congreso de Nuevo León para reformar el primer párrafo del artículo 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Recordemos que el artículo 72 de la Constitución, que regula el proceso legislativo, faculta a las legislaturas de los estados a presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

En la iniciativa se señala que a Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con las faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Son los Tribunales, los facultados para resolver la imposición de sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, entendiendo por Tribunales la Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas.

El artículo 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que estas resoluciones “podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales”.

La propuesta es incluir en este artículo a la Autoridad Investigadora, “con el fin de no dejarla en estado de indefensión, y esté en aptitud de interponer de igual manera el recurso de apelación en mención, en contra de las resoluciones que dicte la Sala Especializada de dicho Tribunal, en las cuales determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores.”

El artículo 3, fracción II, reconoce como Autoridad Investigadora a “La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas”.

En la iniciativa presentada por el Congreso de Nuevo León se explica que en el artículo 218 de esta se reconoce que la Autoridad investigadora puede ser parte recurrente: “El tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por encima de los procedimientos y forma, a menos que invertir del orden dé la certeza de la inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados”.

La propuesta se presenta “en busca de brindar claridad y congruencia entre las disposiciones contenidas en la Sección Tercera de la Apelación contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, estimando la necesidad de incluir a la Autoridad Investigadora como parte legítima para interponer el recurso de apelación “y no dar pauta a que dicha cuestión sea debatible, pues de otra manera se le estaría dejando en estado de indefensión.”

Aprobada la iniciativa por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ahora será sometida al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación.

Más información diputados.gob.mx

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