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Investigador señala necesidad de regular el sistema de cobro de remuneración compensatoria por copia en derechos de autor

La semana pasada, el Instituto Belisario Domínguez publicó la investigación titulada Remuneración compensatoria en la Ley Federal del Derecho de Autor en el contexto internacional, en la que se destaca la necesidad de ajustar la legislación mexicana en la materia para que autores puedan exigir la cuota compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción de sus obras.

El estudio de investigación es de la autoría del investigador Gerardo Cruz Reyes y en ella se plantea que “uno de los problemas que ha producido el acelerado avance tecnológico y, especialmente, las TICs [Tecnologías de la Información y Comunicación], es la fabricación y proliferación de equipos tecnológicos en general, así como de hardware y software, en particular, que, al permitir el almacenamiento, intercambio y reproducción de contenidos musicales, artísticos y culturales, directa o indirectamente, propician una gran afectación tanto a las industrias protegidas por el Derecho de Autor... como a las y los creadores de contenidos por la afectación a la explotación normal de sus obras.”

En la investigación se establece que “es un hecho que las actividades de copia, almacenamiento y reproducción vulneran, por lo menos de manera parcial, toda la cadena productiva de bienes no materiales en ámbitos como las artes, la cultura y el entretenimiento” y que cuando se realizan sin autorización, se inhibe y desincentiva el trabajo de creadores de contenido y, consecuentemente, de la innovación. Además, “el Estado se ve afectado en la medida en que no recauda los impuestos correspondientes a estas transacciones, pero también en la medida en que el comercio informal evade el pago de impuestos, en lo que concierne a la venta de equipos lo mismo que de las obras artísticas y culturales de forma ilegal.”

El investigador precisa en el texto que no debe confundirse el derecho al cobro de regalías por los derechos patrimoniales por concepto de comunicación o transmisión pública, establecido en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, LFDA, con la cuota o remuneración compensatoria que desde 1996 quedó establecida en el artículo 40 de esta ley, para compensar la reproducción o copia privada.

Citando un estudio elaborado por el CIDE, Compensación a los Creadores en el Sector Audio, Imagen, Video y Texto (AVIT), se confirma “que los creadores de contenido y derechos conexos no perciben la remuneración justa por su trabajo y que el actual marco legislativo no garantiza la retribución correspondiente y equitativa, por lo que no cuentan con los incentivos propicios ‘... para que los oferentes de Audio, Video, Imagen y Texto continúen con su participación en estos mercados ya que no son retribuidos por las creaciones que realizan. Esto traerá como consecuencia la caída en estas actividades económicas y en todas las que están relacionadas, directa e indirectamente, con ellas’”.

El investigador analiza brevemente los cinco documentos internacionales que sientan las bases para un modelo en el que los derechos de propiedad intelectual sean objeto de una compensación equitativa.

De estos documentos, los Tratados OMPI, (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), son importantes porque exigen a los Estados “ir más allá del reconocimiento formal de los derechos de autor, y reconocer dos tipos de derecho auxiliares, en sentido tecnológico, con el objetivo de garantizar a los titulares de derechos el uso eficaz de la tecnología para proteger sus derechos y, al mismo tiempo, conceder licencias sobre sus obras en línea.”

En América Latina, el establecimiento de un sistema de remuneración por copia privada muestra un rezago, pues, salvo las legislaciones de Perú, Paraguay y recientemente Ecuador, lo regulan.

En México, ni la LFDA ni su Reglamento, especifican nada sobre los entes o personas responsables de absorber los costos de la remuneración por este concepto. “De acuerdo con la experiencia internacional, nuestra legislación adolece, además, de criterios sobre los montos de la compensación; las características y especificidades de los equipos de reproducción, que permiten la copia, almacenamiento y compartición; ni sobre la adecuada distribución de recursos y operación, por parte de las sociedades de gestión colectiva (responsables del cobro), que son los organismos que hasta ahora realizan la gestión y cobro de regalías.”

El investigador señala que “es imprescindible que el Estado mexicano, por conducto del Congreso de la Unión cumpla con los compromisos contraídos en los tratados internacionales antes referidos para efecto de hacer funcional el Art. 40, ya que prácticamente permanece en un limbo legal y fiscal el resarcimiento del derecho a la compensación, con grave afectación de los cuatro tipos de industria que vimos previamente (base, interdependientes, parcialmente relacionadas y no dedicadas), ocasionando daños a las y los creadores e innovadores lo mismo que a la economía nacional.”

Recuerda que el artículo 20 del Reglamento de la LFDA confirma que la remuneración compensatoria por copia privada puede recaudarse por los autores, titulares de derechos y sus causahabientes, de manera personal o por intermediación de una sociedad de gestión, sin embargo, “por las características del Sector, los especialistas en todo el mundo recomiendan que se brinden las condiciones para la organización y defensa colectiva de esos derechos.”

Pese a que en el Congreso de la Unión se han presentado tres iniciativas importantes en la materia, hasta el momento ninguna ha sido aprobada para establecer los mecanismos para el cobro de esta remuneración compensatoria que en la legislación española recibe el nombre de canon digital.

Gerardo Cruz Reyes termina su investigación señalando que “Se trata de un asunto que compete al Estado y, específicamente, al Poder Legislativo. No implica impacto presupuestal y sí una responsabilidad social y una deuda con su sector creativo, que, de acuerdo con la Constitución y la Corte, forma parte constitutiva del derecho de las y los mexicanos a acceder libremente a la cultura”.

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