Senado organizó curso para difundir e implementar las reformas de la Ley General de Salud en materia de salud mental
El 16 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, estableciendo la eliminación del modelo psiquiátrico asilar y el principio de internación voluntaria, entre otros.
Estas reformas, aprobadas por la Cámara de Diputados el 31 de marzo con 471 votos a favor y 2 abstenciones, generaron muchas dudas en la población porque en el artículo 74 se dispone: “Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.”
Con la finalidad de que estas reformas sean aplicadas debidamente, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, está organizando el curso titulado Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma, en el que han participado más de mil 780 especialistas, doctores y personal médico de diversas entidades federativas del país, quienes han compartido sus propuestas en esta materia.
Durante la reunión de esta semana, Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, resaltó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó que para reforzar la atención mental, es necesario reducir el número de hospitales psiquiátricos porque no cubren las expectativas de una recuperación real, siendo esta la razón detrás de la polémica reforma a la Ley General de Salud.
Para atender las enfermedades mentales y las adicciones, la especialista explicó que se deben establecer servicios comunitarios, en los que se ofrezcan servicios y atención psiquiátrica, así como en cada uno de los hospitales generales del país, lo que reducirá costos y ayudará a terminar con el estigma que hay hacia estos padecimientos.
Por lo anterior, la doctora Barrón, médica psiquiatra, dijo que es necesario integrar la salud mental en la atención primaria de los servicios médicos del país, debido a que cuando se da un diagnóstico mental, pueden pasar hasta 10 años para que el paciente sea atendido, lo que evidentemente perjudica a las personas en su trabajo y desempeño, e incrementa los trastornos y afectaciones mentales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares (INEGI 2021), una de cada cuatro personas en México requiere atención a la salud mental, pero solo 2 de cada 10 la recibe.
Otro aspecto importante de la reforma en materia de salud mental es que el internamiento para la atención de la salud mental y adicciones debe ser voluntario, previo consentimiento informado y privilegiando opciones comunitarias.
Sobre este particular, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México explicó en comunicado publicado el 14 de abril que “la solicitud del consentimiento previo e informado para acceder a los servicios de salud mental y a un eventual internamiento, ha sido reiterado no solo por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino también ha sido fijado como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Guachalá Chimbó y otros vs. Ecuador en el mismo sentido que de manera previa fue plasmado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Recomendación 02/2020 sobre la vida independiente de las personas con discapacidad.”
Este principio fue reiterado en mayo al Consejo de Europa por expertos de la ONU para detener los avances de la legislación europea sobre medidas coercitivas en salud mental.
“La abrumadora evidencia del Foro Europeo de la Discapacidad, Mental Health Europe y otras organizaciones, así como el creciente consenso dentro de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, muestran que la admisión forzosa en instituciones médicas y los tratamientos coercitivos en las instituciones provocan efectos nocivos tales como dolor, trauma, humillación, vergüenza, estigmatización y miedo a las personas con discapacidad psicosocial,” explicaron los expertos al Consejo de Europa.
En México, las reformas aprobadas establecen, por primera vez, que la salud mental y la prevención de las adicciones tengan carácter prioritario dentro de las políticas de salud. Lo anterior es importante porque no haber priorizado la salud mental mostró, durante la pandemia, el rezago de México en este sentido. Así, en el periodo 2020 al 2022, los casos de depresión aumentaron 29 por ciento, y 23 por ciento los casos de ansiedad, demencia y estrés postraumático, de acuerdo con información proporcionada por el doctor Javier Fernández Clamont, secretario de Salud del Estado de México.
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