Mazo judicial

 

Se presentó iniciativa para limitar los casos en que se pueden otorgar suspensiones en amparos y controversias constitucionales

El 27 de julio se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para negar la suspensión en materia de amparo o de controversias constitucionales de actos reclamados en relación con áreas estratégicas, bienes del dominio directo de la nación y del Plan Nacional de Desarrollo.

La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de MORENA, para adicionar dos párrafos al artículo 128 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dos párrafos al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de las suspensiones otorgadas por los órganos jurisdiccionales en amparos y controversias de constitucionalidad.

En la Exposición de Motivos se presenta un análisis histórico de la regulación legislativa de la figura de la suspensión para luego señalar que si bien en el artículo 138 de la Ley de Amparo obliga al órgano jurisdiccional a “realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público” al momento de decidir sobre la suspensión del acto reclamado, “parece ser que muchos juzgadores que reciben las demandas de amparo indirecto no interpretan esa última adición a la ley de amparo como el parámetro para su resolución suspensiva, sino que se arrogan atribuciones laxas para la ponderación de su juicio, concediendo de manera recurrente las suspensiones de amparo bajo paradigmas liberales que conceden primicia a los intereses económicos particulares, nacionales y extranjeros, frente al interés de la nación, que finalmente es comprensivo de todo lo social y lo publico, esto es, de todo lo que atañe al interés colectivo de la población mexicana.”

Semejante análisis se realiza respecto de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, respecto de las controversias constitucionales.

La iniciativa propone adicionar dos últimos párrafos al artículo 128 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

“Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

“I. Que la solicite el quejoso; y

“II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

“La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

“Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

“Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

“Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión.

“La autoridad judicial al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, si fuera el caso, y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución.”

Por lo que se refiere a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, se propone adicionar dos párrafos al artículo 15 para quedar así:

“ARTICULO 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

“Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión.

“La Suprema Corte al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, si fuera el caso, y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución.”

En ambos casos, se propone que los amparos y las controversias constitucionales y recursos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia de las reformas, continúen y concluyan de forma definitiva conforme con las normas jurídicas vigentes anteriores.

Más información gacetas.diputados.gob.mx

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