Niñas mayo-yoreme

 

SCJN concede amparo a comunidad indígena en contra de la construcción de una planta de amoniaco, por no haber sido consultada ni haber consentido

La semana pasada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, concedió un amparo a la comunidad indígena mayo-yoreme respecto de la construcción de la Planta de Amoniaco 2200, en Topolobampo, Sinaloa, aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El proyecto es construido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V., a la que en noviembre de 2008 la SEMARNAT le otorgó título de concesión en Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome. Las condiciones de este título fueron modificadas en 2017 y ese año se le concedió un segundo título de concesión para ocupar y aprovechar una superficie de 12,368.900 metros cuadrados de ZOFEMAT, con vigencia de cinco años.

En contra del proyecto de construcción de la planta de amoniaco, se presentaron diferentes amparos respecto de la construcción de la planta, de la autorización concedida por la SEMARNAT e incluso en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por falta de actuación respecto de las quejas presentadas.

La comunidad mayo (palabra que significa "la gente de la ribera"), identificados como yoremes, "el pueblo que respeta la tradición", presentó también recurso legal en contra de la autorización concedida por la SEMARNAT porque, al no haberlos consultado, tal autorización no es legal.

México, junto con los países que se han adherido al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, está obligado a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, según se lee en el Artículo 6 inciso a), del Convenio.

Al conceder el amparo, la Segunda Sala partió por analizar si los quejosos son integrantes de una comunidad indígena, para concluir que “la autoadscripción de las personas es un elemento suficiente para ser considerados como integrantes de pueblos o comunidades indígenas”, según se lee en el comunicado de prensa de la SCJN.

Lo anterior es importante porque el territorio mayo abarca una extensión de 7,625 km² entre la parte norte de Sinaloa y sur de Sonora. En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome.

“Debido a su proceso histórico, los mayos han tenido que compartir su territorio con mestizos. Prácticamente en todas las comunidades ambos grupos conviven y en algunas localidades los indígenas han sido desplazados por el otro grupo”, se lee en la descripción de este pueblo originario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Al concluir que se trata de una comunidad indígena, la Segunda Sala concedió el amparo “para que no se les excluya ni se les prive de su derecho a emitir las opiniones a través de la consulta previa, libre e informada respecto de una decisión estatal que incide en su territorio y en los ecosistemas que ahí se encuentran.”

En la decisión se reconoció que los derechos de estas comunidades protegidos en nuestra Constitución pueden ser solicitados por grupos de forma colectiva, pero que “se permite que cualquiera de sus miembros o integrantes pueda solicitar de forma individual dichas prerrogativas ante una afectación personal y colectiva al mismo tiempo.”

Cuando la SEMARNAT autorizó el plan de construcción de la mencionada planta de amoniaco, no consultó a los mayos-yoremes al respecto, pese a que se trata de una decisión que afecta su hábitat. Tomando en consideración lo anterior, la Segunda Sala estableció que “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión con un impacto dentro del territorio indígena, el Estado no solo tiene la obligación de consultar, sino de obtener el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus costumbres y sus tradiciones.” Esta obligación “no depende del grado o nivel de afectación, sino del carácter de los destinatarios.”

Al concederse el amparo, la SEMARNAT queda obligada no solo a efectuar la consulta, sino a obtener el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus costumbres y sus tradiciones.

Esta última precisión es muy importante. En Canadá, durante años pueblos originarios estuvieron recurriendo la construcción de un oleoducto que pasaba por zonas sagradas y afectaba sus hábitats. En 2018 la Corte Federal de Apelaciones decidió anular el millonario proyecto de ampliación estableciendo principalmente que el gobierno federal de Canadá no efectuó las consultas adecuadas con las Naciones Originarias en la parte final de la asignación, concluyendo que el gobierno “no logró entablar un diálogo significativo y lidiar con las preocupaciones reales de los solicitantes indígenas a fin de explorar la posible solución de esas preocupaciones".

Para sortear este obstáculo, el gobierno efectuó las consultas y, pese a que los pueblos originarios se siguieron oponiendo, el proyecto tuvo la anuencia de la Suprema Corte canadiense porque el requisito había sido realizar la consulta y no obtener el consentimiento.

En Brasil, también tomando como fundamento la falta de consultas a los pueblos indígenas, en marzo de 2020 el Tribunal Federal detuvo la construcción de mina de carbón a cielo abierto.

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