Mujer pensativa

 

Primera Sala reitera que limitar la interrupción de un embarazo producto de una violación viola gravemente derechos de las mujeres

La Suprema Corte de la Justicia reiteró la semana pasada que en casos de violación no se pueden establecer limitaciones de plazos ni otros para la práctica de un aborto, porque equivale a tortura y malos tratos.

La decisión se presentó respecto del caso que un Tribunal Colegiado presentó a la Suprema Corte de una adolescente en el estado de Hidalgo en situación económica vulnerable que no solo fue violada, sino amenazada por su agresor para que guardara silencio.

Cuando la joven acudió a los servicios de salud, el Ministerio Público, reiteradamente se le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo con fundamento en el artículo 158, fracción II del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que limita la interrupción del embarazo producto de una violación, al plazo de 90 días después de la concepción y lo condiciona a la existencia de una denuncia previa del delito. En el caso, la joven presentó denuncia una vez que conoció que estaba embarazada.

Con fundamento en este artículo que fue declarado inconstitucional, el juez de Distrito negó la protección federal, por lo que la víctima y su madre interpusieron un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte.

La Primera Sala concluyó que limitar la interrupción del embarazo producto de una violación es “una vulneración grave a los derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Limitar el acceso de las mujeres a servicios que solo ellas requieren, como en este caso, la interrupción del embarazo producto de una violación, estas barreras u obstáculos “representan una afectación injustificada al derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación; así como a los derechos reproductivos de la mujer y persona gestante, al obligarlas a actuar conforme a estereotipos de género sin tomar en cuenta su condición de adolescente, mujer y víctima de violencia sexual.

“Lo anterior, puesto que tales limitaciones suponen un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino que es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.”

En el caso, la joven viajó a la Ciudad de México donde interrumpió el embarazo en un servicio de salud privado.

Por las afectaciones a los derechos de esta adolescente, la Primera Sala ordenó que se reconozca su calidad de víctima con la finalidad de que sea reparada de manera “oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva” por el daño que ha sufrido, “comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición”.

En julio de 2021 la Corte ya había resuelto en el mismo sentido, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas que limita la interrupción del embarazo a 90 días a partir de la concepción, por las mismas razones que se reiteraron en la decisión tomada la semana pasada. Esta decisión no es la única que protege a las víctimas de violación, ya que en reiteradas oportunidades se ha llegado a la misma decisión.

En septiembre de 2021, en una decisión que fue muy comentada, la Suprema Corte dispuso que si bien, después de cierto tiempo el aborto o interrupción del embarazo puede ser penalizado, en los casos de violación o cuando corre peligro la vida de la mujer o el producto presente alteraciones genéticas o congénitas, ese plazo de tiempo no debe ser establecido.

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