México presentó argumentos de oposición a petición de fabricantes de armas de que se deseche demanda presentada en su contra
El 31 de enero, los abogados del gobierno de México en la demanda presentada en tribunales de los Estados Unidos contra fabricantes de armas, presentaron el escrito en el que rechazan la moción de los demandados para que se deseche la demanda.
La demanda fue presentada en agosto de 2021 en tribunales federales de Massachusetts en contra de las empresas fabricantes de armas Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc., entre otras, pidiendo una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños que el tráfico ilegal de sus armas ha ocasionado en México.
En la demanda se alega que las empresas fabricantes de armas violan a sabiendas, ya sea directamente o como cómplices y conspiradores, los estatutos federales de los Estados Unidos sobre exportación de armas, compras ficticias, y las prohibiciones sobre la venta de ametralladoras y cuando no hay licencia, así como los estatutos estatales que prohíben la comercialización y publicidad de armas de estilo militar a los consumidores.
En la contestación a la demanda, estas empresas pidieron que se desechara con fundamento en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, PLCAA por sus siglas en inglés, alegando que las transacciones quedan protegidas por esta ley y que es la ley de los Estados Unidos la aplicable en el caso.
En la contestación, los abogados que representan al gobierno de México responden y detallan las razones por las que la PLCAA no es aplicable al caso. El argumento principal es que según las disposiciones del estado de Massachusetts la ley sustantiva de México aplica a los reclamos del Gobierno. “[L]as demandas por daños y perjuicios se rigen por la ley del estado donde ocurrió el daño, a menos que otro estado tenga una relación más significativa con la causa subyacente de la acción”, se establece en una decisión judicial. De esta forma, se expone que el uso indebido de armas y las lesiones resultantes ocurrieron en México, por lo que Estados Unidos no tiene una relación “más significativa” con estos reclamos.
“Los acusados arman a los cárteles en México; el uso indebido de armas y las lesiones ocurren en México; regular el flujo de armas de fuego hacia una jurisdicción es una función gubernamental tradicional; México regula la venta de armas dentro de México; y el actor es el Gobierno de México”, se lee en la respuesta.
En apoyo a esta demanda, el mismo lunes, fiscales generales de trece estados y las fiscalías de Antigua y Barbuda y Belice, presentaron por separado mociones pidiendo al juez que no deseche la demanda. Los fiscales de estados como Massachusetts, California y Nueva York y el Distrito de Columbia, apoyaron los argumentos expuestos por los abogados del gobierno de México, señalando que incluso si la mencionada ley se aplicara extraterritorialmente, no se deberían desechar los reclamos presentados por México.
Los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice argumentaron, por su parte, que los países de su región también han enfrentado crímenes violentos con armas y que a los fabricantes de armas estadounidenses "no se les debe permitir tomar como rehenes a los ciudadanos respetuosos de la ley de toda una región del mundo".
Adicionalmente, se presentó una carta firmada por madres de víctimas de la violencia armada, activistas y académicos en la que apoyan la demanda de México explicando que las armas “han alimentado el aumento de la violencia y los homicidios en México, se han llevado cientos de miles de vidas, han desplazado a decenas de miles de residentes y han costado al gobierno de México miles de millones de dólares en gastos militares y policiales”.
Esta carta, que fue presentada por el sistema electrónico de los tribunales federales poco antes de que México presentara el documento en que niega los argumentos para desechar la demanda, está firmada, entre otros, por Iglesias por la Paz, Centro Prodh y Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
El juez tendrá que resolver si la demanda prosigue o si concede la razón a las fabricantes de armas en que no hay méritos en la acción.
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