El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anunció la semana pasada que un grupo de académicos y especialistas está preparando un proyecto de Constitución para el Distrito Federal, como un “primer paso encaminado a que el Distrito Federal y sus pobladores tengan los mismos derechos, atribuciones y obligaciones que los habitantes de cualquier otra entidad del país”.

En este sentido destacó que “a los habitantes del Distrito Federal se les ha negado hasta ahora el derecho a pertenecer a un estado, estos esfuerzos irán encaminados a corregir eso porque no tiene sentido, se necesita conciencia y voluntad política para sacarlo adelante”.

 

Si bien es cierto que el Distrito Federal no se considera jurídicamente un estado de la República, ello se debe a que cumple dos funciones constitucionales: ser capital y asiento de los poderes federales.

Tradicionalmente se ha considerado que se trata de una cuestión de jerarquías, ya que por residir en el territorio las máximas autoridades de la federación a ellos corresponde el gobierno de ese territorio. Por tal razón anteriormente el Regente o Jefe de Departamento del Distrito Federal era miembro del gabinete presidencial y por tanto nombrado directamente por él, sin que mediaran elecciones populares. Y las leyes del DF eran elaboradas por el propio Congreso de la Unión por lo que no había un órgano legislativo independiente.

En la década de los ochenta se decidió por razones políticas cambiar la estructura jurídica del Distrito Federal y se permitió que tuviera sus propios órganos creándose la Asamblea Legislativa y cambiando la figura de Jefe de Departamento a Jefe de Gobierno, y se introdujo el voto popular para su elección. Más adelante se llegó a elegir popularmente a los jefes de delegaciones, en ejercicios como los que se efectúan en los municipios.

Pero el Distrito Federal por su estatus jurídico diferente, no es un estado, y su Asamblea Legislativa no es Congreso ni su Jefe de Gobierno es un Gobernador, porque siguiendo la tradición teórica del estado federal, no se trata de un territorio con soberanía, sino que cumple una función diferente y muy importante: ser capital de los Estados Unidos Mexicanos y asiento de los poderes federales. Y por este motivo no tienen una Constitución, sino un Estatuto de Gobierno, que es el marco jurídico dentro del cual se pueden mover, y que es dado por el Congreso de la Unión y no por su Asamblea Legislativa.

Desde nuestro punto de vista argumentar que los ciudadanos del Distrito Federal no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de los estados es una falacia, porque la realidad es que tienen los mismos derechos y obligaciones. Por lo que creemos que esta propuesta tiene más tintes políticos que jurídicos y es una pena que se siga tratando de mover a México conforme a los intereses políticos del momento y no por la razón.

Es opinión de miabogadoenlinea.net que el Distrito Federal no debe ser estado porque de ser así se quitaría autoridad al Presidente de la República, quien sería mandatario de todos, en tierra prestada. Se sigue tratando de una cuestión de jerarquías.

Nuestra propuesta en todo caso sería que se redujera el territorio del Distrito Federal a la Delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, y el resto del territorio se convirtiera en el estado número 32. Así, seguiría existiendo un territorio jurídicamente destinado para cumplir las funciones necesarias de ser capital y residencia de poderes federales con lo que el resto de los capitalinos dejarían de serlo para ser parte del Estado del Valle de México.

Una solución que jurídicamente tiene más viabilidad que la propuesta del Tribunal Superior de Justicia del DF, pero que posiblemente no cubra sus expectativas políticas.

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