ONGes presentaron a la Suprema Corte un cuestionario para definir alcances e interpretaciones de la consulta del 1 de agosto
Las organizaciones Justicia Transicional MX y Elementa DDHH, así como Kalycho Escoffié, activista de derechos humanos, presentaron el 11 de julio a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud de Aclaración de Sentencia para precisar los alcances de la pregunta de la consulta del 1 de agosto.
Las organizaciones señalan que si bien el máximo Tribunal del país ya aclaró que la consulta no es para enjuiciar ex presidentes, la pregunta a aplicarse en la consulta debe aclararse para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
La pregunta a aplicarse es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Las ONGes piden a la SCJN que defina el periodo que comprende “años pasados”, para precisar el periodo de tiempo al que se refiere la pregunta. Asimismo, piden se defina si el concepto de “actores políticos” abarca únicamente a autoridades o también a grupos armados al margen de la ley y grupo de delincuencia organizada.
Asimismo, solicitan precisar qué es un “insumo de consideración vinculante”, término utilizado por la SCJN cuando resolvió sobre la constitucionalidad de la pregunta y que, según dicha resolución, serán producto de la consulta.
También piden al máximo tribunal precisar si el resultado de la encuesta implica la creación de comisiones de la verdad u otro tipo de mecanismos y el concepto de “proceso de esclarecimiento” para dar mayor certeza a las expectativas de las víctimas y de la sociedad.
“Este proceso tenía como objetivo garantizar la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera sistemática en el país en las últimas décadas, tal y como han hecho otros países del mundo frente a situaciones análogas”, recordó Adriana Muro, de Elementa DDHH.
Por su parte, Jorge Peniche, de JTMX, remarcó que para atender la violenta impunidad que enfrenta el país, el Estado mexicano debe adoptar mecanismos extraordinarios que no se limiten a la atención judicial de cada caso, sino también al esclarecimiento de los orígenes de las violaciones a derechos humanos y las estructuras que las perpetúan.
Ambos, así como sus organizaciones, confiaron en que la Suprema Corte resolverá esta solicitud de manera pronta para que el proceso sea verdaderamente guiado por la sociedad mexicana, “sobre todo por las víctimas”, concluyeron.
La aclaración de sentencia del proceso de revisión de la constitucionalidad de la materia de Consulta Popular 1/2020, recuerda que la Suprema Corte modificó, vía control de legalidad, la pregunta objeto de consulta.
Las organizaciones indicaron que, si no se esclarecen los puntos solicitados, no se podrán tener las herramientas para conocer y entender si las autoridades están o no cumpliendo con el mandato popular y, a su vez, se reduce el ámbito de acción para realizar de forma efectiva la labor de promoción y defensa de los derechos humanos.
Con esta aclaración de sentencia las ONGes quieren aprovechar la amplitud de la pregunta para que tenga un alcance mayor, que sólo una revisión a la actuación de los expresidentes.
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