La historia de la Revolución Mexicana está plagada de muchos héroes, hombres que lucharon por la patria, por la libertad, por la igualdad. Pero también en esa historia se encuentra el nombre de mujeres destacadas, destacadísimas, que también participaron en esta gesta heróica. 

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo Acosta de Topete, las Soldaderas. Todas ellas lucharon hombro con hombro con los hombres por sus principios, sus ideales, sus derechos y sus libertades.

Pero nuestra nación no se ha distinguido por darle a la mujer el lugar que se merece, por ser agradecidos. Ellas han tenido que seguir dando su propia batalla para el reconocimiento de sus derechos y de sus libertades.

Ya desde el 12 de diciembre de 1916, Hermila Galindo Acosta de Topete, secretaria particular de Carranza y editora  de la revista “La Mujer Moderna", en la que exponía sus ideas y la igualdad entre hombres y mujeres, subió a la tribuna del Congreso Constituyente y presentó la propuesta de otorgarle el voto a la mujer a fin de tener derecho de participar en las elecciones para diputados.

Pero los constituyentes fueron ingratos negándole a las mujeres sus derechos políticos en la Constitución de 1917. El artículo 34 sobre los ciudadanos de la República quedó redactado en masculino, y aun así, Félix Palavicini llegó a advertir sobre el peligro que implicaba esta redacción: “El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico; …y yo deseo que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas”.

Y efectivamente, Hermila Galindo aprovechó esta redacción para postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar de que había obtenido la mayoría de los votos, el Colegio Electoral no se lo reconoció. Pero ella había alcanzado su objetivo, dejar visible la actitud discriminatoria del Constituyente y  el trato injusto hacía las mujeres.

Y la lucha continuó. En 1923 en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto reconoció los derechos políticos de las mujeres convirtiéndose Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatríz Peniche de Ponce en las primeras diputadas en la historia de nuestro país. El gusto duró poco, porque al ser asesinado el gobernador en 1924, tuvieron que renunciar.

En 1937, cuando el General Lázaro Cárdenas declaró que “En México… el hombre… se ha reservado para sí derechos que no se justifican”, Soledad Orozco y Refugio García se registraron como candidatas, pero no se les permitió participar con el argumento de que era necesario reformar primero la Constitución. Y una vez más las mujeres representadas por el  Frente Único Pro Derechos de la Mujer, dieron la batalla por sus derechos y organizaron mítines, manifestaciones y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas.

Ante esta presión, en septiembre de 1937, el Presidente Cárdenas presentó la iniciativa de reformas al artículo 34 constitucional, para que se reconociera tanto a las mujeres como a los hombres la calidad de ciudadanos y el derecho a votar y ser votados. El proceso legislativo concluyó en septiembre de 1938 cuando todos los estados de la República aceptaron la reforma. Pero la victoria obtenida por la mujeres no se materializó, porque la reforma constitucional nunca se publicó.

Pero no se dieron por vencidas, y Ester Capa Tijerina, líder del frente, escribió cada año, al iniciar el periodo de sesiones, una carta al Congreso solicitando el derecho al voto para las mujeres.

No fue sino hasta 1953, un año después de que la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países que no lo habían hecho, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, y después de que trece países de América Latina nos habían precedido en esta decisión, Adolfo Ruiz Cortines promovió la reforma de los artículos 34 y 35 de la Constitución Política, concediendo el pleno acceso de las mujeres a sus derechos políticos, el derecho  a votar y ser elegidas en todos los ámbitos del poder político. 

Así, en 1954 Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera Diputada federal por el primer distrito de Baja California. Diez años después Alicia Arellano Tapia por el estado de Sonora y María Lavalle Urbina por el estado de Campeche, se convirtieron en las primeras senadoras y veintiséis años después Griselda Álvarez Ponce de León sería la primera Gobernadora, en el estado de Colima.

Después, para proteger los derechos de la mujer, en 1974 tuvo que establecerse en el artículo 4 de la carta magna, como una garantía individual, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. En esa legislatura existían sólo 18 diputadas federales y 3 senadoras.

En esa época se consideró que se terminaba “con viejos problemas y prejuicios que habían fluido en la hermenéutica jurídica para mantener situaciones, aun cuando leves, de discriminación de la mujer frente al varón”. Que “en pocos años, los hombres y las mujeres de México habrían de alcanzar igualdad cabal de derechos, deberes y oportunidades en los múltiples aspectos de la vida nacional."

Pero no fue así, por lo que tuvo que venir la batalla para que los partidos políticos reconocieran esa igualdad, teniendo que establecer cuotas de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que se hiciera realidad en el ámbito político. En 1993 se estableció que los partidos políticos debían promover la participación política  de las mujeres. En 1996 se incluyó en el artículo 22 transitorio del  Código, el principio para que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, no excedieran de 70% para un mismo sexo.

Después vino la reforma del 2002 que incluye dentro del texto del Código como una obligación de los partidos, que del total de candidaturas no excedan del 70% para un mismo sexo, controlando inclusive el orden de las listas, para que apareciera una mujer por cada dos hombres.

Finalmente llegamos a 2007, en el que las reformas al Código ampliaron a 40% la cuota dé género de las candidaturas para mujeres. Además, se estableció la obligación de los partidos políticos a destinar anualmente 2% de su financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y para que los partidos políticos incluyan en su declaración de principios la promoción de la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

A pesar de estos 94 años de lucha, a algunos candidatos y partidos no les tembló la mano para simular el cumplimiento de la norma, para después cometer un fraude a la ley, que ahora se conoce como el caso de las “Juanitas”.

Así que la lucha aun no concluye, se tendrá que librar una nueva batalla.

En este Día Internacional de la Mujer vale la pena preguntarse ¿Las “Juanitas” conocen de la lucha que a lo largo de la historia de nuestro país han tenido que librar las mujeres para que ellas estuvieran ahí?

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