Logo de la Suprema Corte

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota, concedió el amparo contra el estado de interdicción y solicitó el cese de esa situación jurídica

Al resolver un amparo en revisión, la Primera Sala reiteró el criterio que ha venido sosteniendo de que el sistema de estado de interdicción previsto en diversas normas del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México no es acorde con la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Asimismo, ese sistema no resulta compatible con el modelo social y de derechos humanos que sobre la discapacidad acoge ese instrumento convencional, particularmente, para el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad.

El máximo tribunal destacó que todo ordenamiento jurídico debe reconocer, en todo momento, que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas.

Asimismo, arriba a la conclusión que la figura del estado de interdicción no es acorde con la CDPD y no admite interpretación conforme, al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos.

La Primera Sala señala que aunque la protección de la persona con discapacidad, en términos generales, puede consistir en una finalidad constitucional válida, el estado de interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y asistencialista que no reconoce Derechos Humanos: en lugar de buscar que la propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a un tutor para que adopte las decisiones legales de la persona con discapacidad, lo que representa una injerencia indebida contraria a la CDPD.

La CDPD no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia, esto es, de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio. El hecho que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni derecho alguno.

Por el contrario, debe proporcionárseles acceso apoyos y salvaguardias  que necesiten para ejercer su capacidad jurídica  y para la toma de decisiones, garantizándose el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de tal manera que el denominado “interés superior” debe sustituirse por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, ya que así se respetan la autonomía y libertad de la persona y, en general, todos los derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.

En ese orden de ideas la Sala consideró que la condición de salud mental no debe ser materia de discusión para determinar si procede o no la solicitud de cese de la interdicción con base en que hayan cambiado las circunstancias que motivaron la declaración de ese estado, por lo que no debe someterse a la persona a revisiones médicas para acreditar la desaparición o el control de su enfermedad, sino que procede cesar la interdicción con base en el respeto al derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones que las demás personas.

En otro aspecto, la Primera Sala estableció que la designación de personas de apoyo y el establecimiento de sus funciones, así como la implementación de medidas de salvaguarda que aseguren el correcto desempeño, debe hacerse conforme a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, quien debe tener el protagonismo para señalar la forma en que requiere ser asistido, tanto para los actos en ejercicio de su capacidad jurídica plena, como en los actos de su vida cotidiana.

Por todo ello, la Sala concedió el amparo a la persona con discapacidad, para que no se apliquen las normas locales que regulan el cese del estado de interdicción y se atienda directamente a las disposiciones de la CDPD, por tanto, para que se reconozca al quejoso su personalidad y capacidad jurídica plena sin condicionamientos en relación con el control de su estado de salud y se le dé intervención para el establecimiento del sistema de apoyos y salvaguardias que él solicite conforme a sus requerimientos.

Más información scjn.gob.mx

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net