Casa encadenada

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó algunas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio por ir en contra de la Carta Magna

Después de casi 4 sesiones dedicadas al tema, la SCJN concluyó el análisis de la Acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), concluyendo que se trata de un juicio civil independiente de los procesos penales, que sólo puede ejecutarse sobre bienes que tengan un origen ilícito, que prescribe, que no pueden venderse anticipadamente los bienes, que no se debe demostrar que no se tenía conocimiento sobre el uso ilícito que se daba al bien y que no puede ejercerse la acción sin un control judicial previo.

El Pleno de la Corte declaró inconstitucional el artículo 7, fracción IV porque permitía ejercer la extinción de dominio sobre bienes de procedencia lícita, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 22 constitucional que expresamente limita esta acción a los bienes de procedencia ilícita.

Asimismo, invalidó la porción normativa prevista en el artículo 7, fracción V, que establecía que procedería la extinción de dominio respecto de bienes utilizados por un tercero para cometer un delito, “si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo”. El Alto Tribunal concluyó que esta consideración para el ejercicio de la extinción de dominio no está prevista en la Constitución.

El Pleno también declaró la invalidez del artículo 9, inciso 4, al considerar que el artículo 22 de la Constitución no exige  que se acredite como un elemento de la acción de extinción de dominio que el dueño del bien tenga o deba haber tenido conocimiento de que éste fue utilizado para cometer un delito o que es producto del mismo.

Como consecuencia, la SCJN también invalidó los artículos 126, párrafo cuarto, y 214, primer párrafo, que hacían referencia a tener conocimiento sobre el uso u origen del bien.

El Alto Tribunal también invalidó el artículo 15, primer párrafo, en la porción que decía “y destino”, así como las fracciones V y VI, ya que pretendían tomar como base para la procedencia de la acción, el destino de los bienes y no su procedencia ilícita, como lo exige el artículo 22 de la Constitución.

También estableció que la acción de extinción de dominio no es imprescriptible contrario a lo previsto en el artículo 11, primer párrafo, pues del proceso legislativo se desprende que no fue voluntad del constituyente permitir que está acción pudiera ejercerse a pesar del paso del tiempo, por lo que tal aspecto no podía quedar previsto en la ley secundaria.

El Pleno consideró que facultar al Ministerio Público local o federal para ejercer la acción de extinción de dominio en casos urgentes, sin la intervención del poder judicial de forma previa era desproporcionado, por lo que invalidó el artículo 173, segundo párrafo.

También invalidó parte del artículo 190, que facultaba al Ministerio Público para acceder, en casos de urgencia, a información contenida en bases de datos sin autorización judicial previa. La SCJN estimó que dicha atribución resultaba violatoria del derecho a la protección de datos personales tutelado en los artículos 6 y 16 de la Constitución, ya que la medida no era necesaria para alcanzar los fines que se propuso el legislador.

Finalmente, invalidó el  artículo 228, inciso a), donde se preveía la posibilidad de vender anticipadamente los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, cuando dicha venta resultara necesaria dada la “naturaleza” del bien. Lo anterior, al considerar que la norma era violatoria del principio de seguridad jurídica, pues no establecía con precisión cuál era la cualidad o peculiaridad de la naturaleza de un bien que haría necesaria una enajenación anticipada.

Las disposiciones citadas serán inválidas a partir de que se notifique de la sentencia al Congreso de la Unión.

Más información scjn.gob.mx

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