Teléfono celular

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció lineamientos para resarcir e indemnizar a consumidores de servicios de telefonía por fallas en la prestación del servicio

La Primera Sala de la SCJN, al resolver un amparo en revisión en sesión remota, determinó la forma en que debe interpretarse el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles en la etapa de ejecución de sentencia de acciones de grupo (hoy acciones colectivas).

Esta decisión se deriva de un juicio civil de acción de grupo promovido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en representación de consumidores afectados por fallas en el suministro del servicio de telefonía en el año 2010, el cual resultó procedente luego de la resolución de dos juicios de amparo previos.

En la sentencia dictada en cumplimiento del último amparo, el Tribunal de Apelación condenó a las empresas demandadas al pago de daños y perjuicios más una indemnización del 20% sobre dicho importe a cada uno de los afectados.

Sin embargo, conforme al artículo 81 del Código antes citado, se estableció que la cuantificación del monto a pagar se realizaría en la segunda etapa de la acción grupal, es decir, en la ejecución de sentencia mediante un incidente.

En ese incidente cada consumidor debería probar que era usuario durante 2010, que hubo fallas en el servicio, que pagó el servicio, y que dicho pago se hizo en forma total a pesar de las fallas.

En desacuerdo, la Profeco promovió un amparo directo en el que hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 81, el Tribunal Colegiado declaró inoperante la demanda, decisión que impugnó la Profeco mediante un recurso de revisión que fue atraído por la SCJN.

En su decisión la Primera Sala establece que la carga probatoria impuesta a los consumidores afectados transgrede el derecho a la justicia de las personas demandantes, especialmente en su vertiente del derecho a la ejecución de la sentencia, ya que la carga es de tal manera desproporcionada, que dificultará o incluso inhibirá la promoción del incidente para la obtención del resarcimiento para cada una de las personas afectadas.

El alto tribunal determinó que, en la correcta interpretación del artículo analizado, los consumidores no deben probar el daño individualmente, ni su importe, ya que será la Profeco quien, en representación del grupo afectado, plantee un incidente para establecer el monto de reparación, de tal manera que las personas afectadas solo acrediten haber sido consumidores de los servicios de las empresas demandadas durante el año 2010, para tener derecho a recibir la indemnización que se fije en el mencionado incidente.

Asimismo, estableció que en el incidente la Profeco puede optar por presentar una propuesta de liquidación de un importe uniforme de daños y perjuicios a ser pagado para cada consumidor en lo individual, o bien, presentar una fórmula para el cálculo que sea de fácil aplicación para cada consumidor; según lo que resulte más conveniente para facilitar la ejecución.

De esta manera, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada y resolvió devolver el asunto al Tribunal Colegiado para que conceda el amparo a la parte promovente, según la interpretación adoptada y para los efectos señalados por la Sala.

Lamentable que el caso haya sido alargado tantos años por el proveedor del servicio y aun no termina.

Más información scjn.gob.mx

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