Salón de escuela

 

Al resolver un amparo en revisión, la Suprema Corte concluye que la Ley General de Educación no limita el derecho a la propiedad de las escuelas privadas

En el caso, el Centro Educativo San Jerónimo, S.C., que opera diversas escuelas privadas en la Ciudad de México, promovió un amparo en contra de diversas reformas a la Ley General de Educación (LGE) argumentando que se violaba el derecho a la propiedad privada, el principio de seguridad jurídica, la libertad contractual y de comercio, el interés superior del menor y su derecho a la protección de sus datos personales, así como el principio de igualdad y equidad tributarias.

El clamor principal de los dueños de colegios en contra de estas reformas era que sus inmuebles pasarían a manos del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Así, respecto al derecho a la propiedad privada, la Primera Sala determinó sostener la constitucionalidad de las disposiciones que establecen una serie de obligaciones sobre la salvaguarda, en términos generales, de la calidad y la seguridad de los bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación.

Esto, tras concluir que tales disposiciones no representan una limitación o transformación al derecho a la propiedad de las escuelas privadas sobre los bienes muebles e inmuebles empleados para proporcionar el servicio de educación; ni mucho menos implican la extinción parcial de su derecho a usar, gozar, disfrutar y disponer de los mismos.

El proyecto establece que la inclusión de las escuelas privadas como parte del SNE es solo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenga atribuciones para revisar que los inmuebles y equipos son aptos, para garantizar la enseñanza de los alumnos en un ambiente sano y seguro.

“El hecho de que los servicios que prestan estos planteles privados deban de ajustarse a esos principios constitucionales, como integrantes del Sistema Educativo Nacional, no es sinónimo de que los bienes muebles e inmuebles formen, automáticamente, parte de su patrimonio, pues estos fueron adquiridos en términos de la legislación civil del Estado mexicano" se lee en la resolución.

“Si la intención del legislador federal hubiese sido la imposición de alguna modalidad a dicha propiedad o, incluso, la expropiación de la misma, hubiese sido necesario, por un lado, dotar de legitimación constitucional a dicha determinación normativa en términos del interés social o de la satisfacción de alguna función social; y/o, en su caso (expropiación), realizar una reparación al titular de la propiedad (privada) mediante la entrega de una indemnización, la cual constituye una garantía de protección y defensa de aquélla”, se detalla.

La Sala puntualizó que la Secretaría de Educación Pública también está facultada para revisar que no se violen los términos del contrato que firman los padres de familia y los colegios, es decir, para que no se modifiquen las colegiaturas durante el año escolar.

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