Organizaciones sociales apoyan a niños mayas que se oponen a la operación de una granja porcina en la Península de Yucatán
Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica, entre otras agrupaciones, presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito amicus curiae en el que detallan evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas.
Amicus curiae es una expresión latina que se traduce como “amigo de la corte”, en el que terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés en la resolución, presentan una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio.
El Alto Tribunal ejerció su facultad de atracción para revisar la resolución de un incidente de suspensión definitiva, en el que se ordena la paralización de operaciones de la granja porcina propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.P.R de R.L. de C.V., a la que nos referiremos como PAPO, por sus siglas).
La resolución fue dictada en un juicio de amparo promovido por seis menores en contra de las autorizaciones para que esta empresa operara.
Los menores habitan en el municipio de Homún, Yucatán, en donde se encuentra cenote de Santa María, que es uno de los cerca de 1,200 cenotes que conforman la Reserva Estatal Geohidrológica “Anillo de Cenotes”, que se distribuyen en 53 municipios en los que habitan el 57% de la población estatal y se aprovecha el 41% de agua de todo el estado.
Un cenote es un pozo natural, o sumidero, que resulta del colapso del lecho de roca caliza que expone el agua subterránea. El término regional se asocia específicamente con la península de Yucatán en México, donde los antiguos mayas usaban comúnmente los cenotes para el suministro de agua y, ocasionalmente, para las ofrendas de sacrificio.
Mediante el Decreto 177, publicado el 28 de octubre de 2013, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se estableció como área natural protegida el Anillo de Cenotes. Cabe destacar que el anillo está desde 2009 en la lista de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. La convención entró en vigor en México en el año 1986.
Sin embargo, en octubre de 2016, Enrique Echeverría Chan, entonces presidente municipal de Homún, le concedió a PAPO una licencia de uso de suelo para instalar una mega granja en la zona.
A pesar de que los pueblos originarios deben ser consultados sobre temas de conservación de su hábitat, los habitantes de Homún solo se enteraron de la existencia de la granja cuando en junio de 2017 vieron como 113 hectáreas de selva media se convertían en varias naves de concreto para albergar aproximadamente 46,000 cerdos.
Por las protestas, en una reunión de cabildo se acordó por unanimidad revocar las autorizaciones, pero eso no ocurrió ya que tal decisión depende del poder judicial y siguió la construcción.
La comunidad de Homún acudió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que hizo una inspección para revisar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la granja ya casi construida, pero no pudo determinar si la zona era un área forestal o una zona árida, esto a pesar de que el Instituto Nacional Forestal señalaba que esa zona era una selva mediana.
La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado (Seduma) dio su visto bueno a la Manifestación de Impacto Ambiental, con la obligación de que la empresa pusiera una planta de tratamiento de aguas residuales, una obra que nunca acabó de construirse.
El 21 septiembre de 2018, con motivo de una manifestación pacífica realizada al interior de las instalaciones de la empresa en mención, los menores se enteraron de que proyecto “Granja Porcícola Homún” había dado inicio.
El 28 de septiembre de 2018, los menores de edad, representados por sus madres y apoyados por la ONG Indignación, presentaron una demanda de amparo en contra de la ejecución, operación e inicio de actividades de PAPO, señalando como autoridades responsables al Gobierno de Yucatán, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal y al municipio de Homún.
En la demanda se establece que la autorización para operar a PAPO trasgrede sus derechos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua, al desarrollo y a su autonomía como integrantes de un pueblo indígena maya. Pero principalmente se señala que se viola el principio precautorio establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La Declaración de Río es producto de “Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo" (CNUMAD), realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, informalmente conocida como la Cumbre de la Tierra, que consta 27 principios destinados a orientar a los países en el desarrollo sostenible futuro.
El principio 15 establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El principio 22 indica que las comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.
La demanda señala que las autoridades responsables pasaron por alto que con la construcción de la granja porcina podrían causarse impactos ambientales negativos, entre los que se destacan la deforestación, contaminación de los mantos acuíferos, las afectaciones a la salud y a la actividad eco turística que se desarrollan en su pueblo.
En el documento se incluyeron cartas escritas por los seis niños. En una de ellas se lee: “En Homún habitamos aproximadamente 2.600 menores de edad, quienes estudiamos. En nuestros ratos libres acompañamos a los turistas que llegan a nuestro pueblo a conocer los cenotes. El agua de los cenotes la ocupamos para diversas actividades, la más importante es para tomar, también la ocupamos para bañarnos, lavar ropa y para lavar trastes”.
El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán concedió primero la suspensión provisional y en octubre de 2018, la suspensión definitiva para que la granja porcina dejara de operar.
La decisión se basa principalmente en el principio precautorio. “La granja podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que existen diversos ordenamientos diseñados para que dicho impacto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes. El no atender al principio precautorio estipulado en diversos tratados y convenios internacionales, podría generar responsabilidad al Estado mexicano ante los Tribunales Internacionales”.
La sentencia también señala que la granja significaba “un riesgo inminente de afectación al medio ambiente y desequilibrio ecológico grave, cuyas consecuencias serían de muy difícil reparación, dado que una gestión inadecuada de las aguas residuales y de la contaminación sólo se hace patente a largo plazo (…) y la absorción en el manto freático de aguas residuales no tratadas pone en riesgo no sólo la zona en cuestión, sino el acuífero de la Península”.
PAPO promovió un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva, y los menores solicitaron al Alto Tribunal ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, lo que fue aprobado el 24 de junio de 2020. Mientras, PAPO dejó de operar en noviembre de 2018.
En el amicus curiae presentado en favor de la suspensión definitiva detalla evidencia científica sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas: contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.
El escrito destaca que se espera que la operación de esta granja genere alrededor de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana.
“La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán," dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. "Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.
“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de “amigo de la Corte”.
“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.
El caso está programado para ser escuchado por la SCJN a finales de este año.
La industria porcina necesita una gran cantidad de agua y Yucatán se ha convertido en uno de sus destinos predilectos: de 2006 a 2018 la producción porcina de la península aumentó un 36%. Según un estudio de Greenpeace, publicado en 2020, hay 257 granjas porcinas en la península que han causado “deforestación, daño al suelo, contaminación a acuíferos, malos olores, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes”. De estas, 43 están en Áreas Naturales Protegidas y solo 22 cuentan con el permiso de impacto ambiental.
Más información milenio.com, elpais.com, msn.com y scjn.gob.mx
miabogadoenlinea.net
Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net
