Después de seis meses, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia presentó su informe final sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

En el informe se hace constar que “todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor enfriador del aire acondicionado conocido como cooler”, las altas temperaturas generadas hicieron que diversas partes del motor se fundieran, lo que a su vez provocó “la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos, y algunas, placas de vehículos”, agrega el informe.

"La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería. Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas"


Además la bodega carecía de extinguidores o alarmas de humo y “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la Guardería para verificar la existencia de los respectivos programas de protección civil".

“Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes de fuego”, indica el dictamen.

Por lo que se refiere a la parte administrativa, el informe destaca que aunque los contratos de prestación de servicios de guardería se han venido celebrando con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos del Consejo Técnico, el Instituto Mexicano del Seguro Social carece de facultad legal para otorgar estos contratos.

Además, subraya que en el “otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia, o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Sólo 14 contratos de prestación de servicios del número de un 1,480 se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige, regularizándose 11 de estos después de su firma, en los demás existe ausencia de por lo menos un requisito documental”.

La operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento, y existe control administrativo por parte del IMSS en solo el 88.7%. En adición el instituto ha omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Partiendo de la base de que las legislaciones exigen por lo menos el visto bueno de bomberos o de protección civil, el cuarenta y nueve punto nueve por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente. Esto revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.

Se señala que  “en todos los niveles de autoridad estatal existe responsabilidad en la operación del servicio” por lo que en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo. Dentro de las autoridades que pueden tener responsabilidad se encuentra Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS.

Ahora corresponderá al Ministro Fernando Franco elaborar el analizar y aprobar o desechar los resultados de la investigación que realizó la Comisión Investigadora. Cabe mencionar que el dictamen que emita la Corte no tendrá ningún efecto legal, pues sólo tiene facultades para consignar si hubo violaciones graves a alguna garantía individual.

 


Fuente: Suprema Corte de Justicia

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