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Manos en protesta

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco que limitaban el derecho a manifestarse.

Al resolver en sesión remota del Tribunal Pleno, efectuada a través del sistema de videoconferencia, las acciones de inconstitucionalidad 91/2019 y sus acumuladas 92/2019 y 93/2019 promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco, el Partido Político Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la SCJN invalidó diversos preceptos del Código Penal de la entidad, que entraron en vigor el 31 de julio de 2019, al considerarse violatorios de la Constitución.

En la sesión, el Pleno invalidó los artículos 196 Bis y 299 que sancionaban a quien impidiera o tratare de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas y públicas, así como a quien obstruyera el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de dichos trabajos u obras.

La SCJN también invalidó el artículo 308 Bis, el cual sancionaba a quien extorsionara, coaccionara, intentara imponer o impusiera cuotas, e impidiera total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local.

De igual modo, el Pleno invalidó el artículo 308 que preveía las sanciones para quien obstruyera, interrumpiera o dificultara el servicio público local de comunicación, al considerar que no aportaba suficientes elementos que acotaran adecuadamente las conductas sancionadas.

Por otro lado, la SCJN validó el artículo 307 del Código Penal local, que tipifica y sanciona a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, destruyendo o dañando alguna vía o medio local de comunicación o de transporte público de pasajeros o de carga. Ello, pues consideró que la norma no resulta imprecisa y, por tanto, no viola el principio de taxatividad en materia penal.

Finalmente, el Pleno también validó el artículo 196, el cual prevé el delito de extorsión, al considerar que el precepto establece con claridad la conducta y sus sanciones y no vulnera el principio de proporcionalidad de penas.

En la sesión, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, señaló que “Este caso, en mi opinión, representa una gran oportunidad para que el Pleno de esta Corte reconozca, por primera vez, de manera expresa, el derecho a la protesta social. Como un derecho implícito que se desprende del derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la participación política, la libertad de asociación, el derecho de huelga, entre otros”.

En el ordenamiento se manejan conceptos como “tratar de impedir” y “obstruir”, lo que a juicio del ministro ponente, Fernando Franco González Salas, resultan vagos y pueden criminalizar actos de protesta legítimos.

La sesión continuará el 8 de marzo, debido a que el ministro ponente, Franco González Salas, solicitó este plazo para incluir el análisis sobre el derecho constitucional a la protesta social.

Más información scjn.gob.mx

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