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Juzgado de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión definitiva para detener la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine)

En el juicio de amparo promovido por la cineasta Marcela Fernández Violante en contra de la extinción del Fidecine, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva.

Los efectos de esta suspensión definitiva es que no se deberán llevar a cabo ningún acto o proceso para extinguir el Fidecine y, en particular, para que no se suscriba ningún convenio en ese sentido o para la terminación del mismo.

El Fidecine se creó en 1999, al reformarse la Ley Federal de Cinematografía, creando un Fondo para el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas. Para administrar los recursos de ese fondo se constituyó el fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

El Fidecine respaldó la hechura de casi 300 filmes desde 2002, la quinta parte de la producción total mexicana en los últimos 18 años, en la producción, postproducción, distribución y exhibición de películas de ficción y animación, a través de convocatorias públicas.

Pero en noviembre de 2020 se derogaron todos los artículos que hacían referencia a este Fondo.

Al emitir su fallo, la juez Blanca Lobo Domínguez argumentó que “el fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, cuya paralización conlleva una afectación al interés general. Por tanto, si el acto reclamado tiende a extinguir el fondo creado para fomentar la industria cinematográfica, impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos”.

El juicio de amparo, “de ninguna manera priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, por el contrario, con la medida cautelar solicitada por la parte quejosa se busca que no se extinga el Fidecine y con ello se continúe brindando un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales”.

La juzgadora puntualizó que la Ley Federal de Cinematografía, conforme a su artículo 1 establece que sus disposiciones son de orden público e interés social. Disposiciones entre las cuales se contempló el fomento a dicha industria. De ahí que el fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, cuya paralización conlleva una afectación al interés general.

“Por tanto, si el acto reclamado tiende a extinguir el fondo creado para fomentar la industria cinematográfica, ello impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos”, explicó.

Con la medida cautelar concedida, no se podrá extinguir Fidecine y tampoco se podrá suscribir algún convenio de extinción o terminación del fideicomiso, las cosas se deben mantener en el estado en que se encontraban antes de la reforma, hasta que la juez resuelva el fondo del asunto.

La decisión aun puede ser impugnada a través de un recurso de revisión que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado.

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