Logos de redes sociales

 

Esta semana estamos comentando el proyecto de iniciativa presentado por el Senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales

En este artículo haremos referencia a algunas de las adiciones que se proponen en el proyecto de iniciativa para regular las redes sociales.

En esas adiciones, la iniciativa utiliza un lenguaje general, sin especificar en ningún momento que se pretende regular la actuación de las redes sociales activas en el territorio nacional. Así, la iniciativa propone adicionar al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una fracción en la que se define como Redes Sociales Relevantes: Aquellas que cuentan con un millón o más suscriptores o usuarios…” con lo que se hace referencia a la influencia que a nivel global puede tener una red y no a nivel nacional.

Uno de los principales problemas que se tiene para regular a los gigantes de la tecnología es su extraterritorialidad, por ello la Unión Europea, Alemania, Australia y otras naciones que han regulado las redes sociales, obligan a los prestadores de estos servicios a tener un representante legal y/o un domicilio en el territorio nacional para poder realizar sus operaciones, pero la iniciativa es omisa en este tema, lo que hace imposible obligar al cumplimiento de la ley a los prestadores de estos servicios.

La iniciativa también deja de lado otra de las principales herramientas con la que cuentan las naciones para presionar a los gigantes tecnológicos, que es el bloqueo temporal por conducto de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México del servicio que incumpla con las obligaciones mencionadas.

Estas medidas, por ejemplo, están previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, aunque la iniciativa reconoce que la libertad de expresión tiene límites, en el texto de la misma no se aboca a desarrollar los mismos, citando únicamente los artículos 6 y 7 de la Constitución, entre otros y estableciendo supuestos muy generales, dejando la interpretación de esas disposiciones a los prestadores de servicio de redes sociales.

La iniciativa se enfoca a proteger especialmente el discurso político, como se reconoce en la propia exposición de motivos, y establecer mecanismos para combatir la suspensión, eliminación de contenido o eliminación de una cuenta pero, como señalamos en nuestro anterior análisis, omite combatir contenido que promueve la apología del odio en Internet, la incitación a la discriminación o la violencia, la pornografía, la pornografía infantil, la pederastia, el lenocinio, el turismo sexual, las violaciones a la privacidad como la venganza porno, la extorsión, el chantaje, los daños a la reputación y el acoso. Asimismo es una preocupación a nivel internacional la protección y el uso de los datos personales por parte de las redes sociales.

Y ejemplos de los riesgos que conllevan las redes hay muchos. En Italia se bloqueó parcialmente TikTok después de la muerte de una menor, que aparentemente imitó uno delos retos que aparecen en esa red.

Facebook tuvo que reconocer que no hizo lo suficiente para evitar la circulación y expansión de contenido virulento y discriminatorio entre sus usuarios de Myanmar en contra de la etnia Rohingya, que desde 2017 sufre ataques continuados en los que la ONU apreció elementos de genocidio. Dicha campaña de desinformación parece haber sido iniciado desde las propias instancias del ejército de Myanmar.

En Japón, la luchadora Hana Kimura, de 22 años, se suicido tras haber recibido burlas e insultos a través de sus redes sociales. En Galicia, España, una joven de 17 años se quitó la vida tras sufrir acoso por su orientación sexual.

En Málaga, España, un hombre fue condenado a 12 años de prisión después de que contactó a 41 menores a través de las redes sociales para obtener imágenes de contenido sexual.

Según un reporte de L1ght, una empresa que detecta y filtra contenido abusivo y tóxico en línea, el discurso de odio entre los niños y adolescentes aumentó un 70 % desde que los estudiantes comenzaron sus clases en línea. Aunque el uso de las redes sociales no está permitido a los menores de 12, 13 o inclusive 16 años, éstas no cuentan con filtros suficientes para verificar la edad de un usuario.

En las redes sociales se han publicado videos de ejecuciones a manos del crimen organizado, que termina virilizándose generando miedo y preocupación en la sociedad.

El grupo terrorista ISIS ha utilizado las redes sociales para reclutar a sus militantes y divulgar su mensaje de terror, publicando imágenes de ejecuciones.

Aunque la sección 230 de la Communications Decency Act (Ley para la Decencia en las Comunicaciones) de Estados Unidos permite a las redes sociales eliminar el contenido que considere obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de otra manera objetable, esté o no protegido constitucionalmente dicho material; el consenso es que no hacen lo suficiente por lo que muchos países han legislado para que se controle el contenido de las redes sociales y algunas de sus operaciones.

Eso dio origen a la ley NetzDG de Alemania que obliga a las redes sociales a establecer procedimientos para revisar las quejas sobre el contenido que alojan y eliminar todo lo que fuera claramente ilegal, citando para ello artículos del Código Penal alemán en un plazo de 24 horas.

La Unión Europea también ha establecido legislación para que las redes sociales enfrenten multas si no eliminan el contenido extremista en una hora y también introdujo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que establece reglas sobre cómo las empresas, incluidas las plataformas de redes sociales, pueden almacenar y utilizar los datos de las personas.

En 2015, en Australia se aprobó la Ley de mejora de la seguridad en línea que creó un Comisionado de eSafety con el poder de exigir que las empresas de redes sociales eliminen las publicaciones acosadoras o abusivas. En 2018, los poderes se ampliaron para incluir pornografía de venganza.

La legislación se introdujo después de la muerte de Charlotte Dawson, presentadora de televisión y juez de Next Top Model de Australia, que se suicidó en 2014 tras una campaña de ciberacoso contra ella en Twitter. Tenía una larga historia de depresión.

En ese mismo país, después de que se transmitió en vivo a través de Facebook los tiroteos de Nueva Zelanda, se aprobó la Ley de intercambio de material violento aborrecible en 2019, que introdujo sanciones penales para las empresas de redes sociales, posibles sentencias de cárcel para los ejecutivos de tecnología de hasta tres años y sanciones económicas por valor de hasta el 10% de la facturación global de una empresa.

También preocupa globalmente la propagación de la desinformación, la manipulación y la propaganda en las redes sociales, que pueden concebirse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos y la privacidad e incitar a la violencia, el odio, la discriminación o la hostilidad; o el uso de los datos personales que las redes sociales recaban de los usuarios, pero la ley tampoco hace referencia a este tema.

En resumen, la iniciativa sólo es coyuntural y se avoca a atender sólo una de las problemáticas que implican las redes sociales, pero deja de lado temas más complejos que están dañando de una mayor manera a la sociedad, por lo que es necesaria una discusión más amplia sobre el tema.

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