Tom con escopeta

 

CUENTA CUENTOS LEGAL

La rescisión injustificada de un contrato: Cuando “el tiro les sale por la culata”.

Por Jackeline Calderón

Érase una vez “una empresa” que solicitó a una desarrolladora de tecnología (“el proveedor”) una plataforma tecnológica que incluía el uso y goce temporal de equipos electrónicos, servicios de comunicación de datos, soporte técnico y, de forma implícita, los desarrollos que fueran necesarios para integrarlos al sistema tecnológico de la empresa y operar sus procesos sustantivos.

Tras 4 meses de realizar pruebas en los equipos de “el proveedor”, la “empresa” definió sus necesidades para la fabricación de un millar de equipos, se firmó el contrato y “la empresa” entregó un anticipo equivalente a un mes de contraprestación de los 40 meses de vigencia acordados.

En el contrato se pactó -entre otros términos y condiciones- que “el proveedor” entregaría a “la empresa” los equipos en el lugar que les fuera designado. “La empresa” contrataría una póliza de seguro de daños para los equipos, y a partir de la entrega pagaría a “el proveedor” la contraprestación pactada.

Fabricados los equipos, habilitados y listos para ser entregados, implementada la plataforma tecnológica en el sistema de “la empresa” y llegado el plazo para la entrega de los equipos, ¡“la empresa” se negó a recibirlos! Argumentó que seguían realizando pruebas y que no conseguían la póliza para asegurar la totalidad de los equipos. Desde luego, tampoco pagaron las contraprestaciones acordadas, y así pasaron 10 meses después de celebrado el contrato.

Ante la insistencia de “el proveedor” en entregar y cobrar lo acordado, “la empresa” terminó demandando a “el proveedor” la rescisión del contrato señalando como causa, irónicamente, que “el proveedor” incumplió el contrato al no entregar los equipos dentro del plazo acordado, amén de que supuestamente los equipos que había recibido no eran funcionales, por lo que incluso solicitó al juez que ordenara al proveedor la devolución del anticipo más los intereses generados.

Preocupado, “el proveedor” acudió a mí explicándome su caso. Yo acepté la defensa legal del caso, y expuse ante el tribunal que quien no cumplió con sus obligaciones contractuales fue “la empresa” pues i) llegado el plazo de entrega del equipo no designó un domicilio para la entrega y se negó a recibirlos sin causa justificada; ii) no contrató el seguro para el equipo, iii) el equipo fue fabricado con las especificaciones requeridas por “la empresa”, y iv) el contrato no se limitó al mero arrendamiento de equipos electrónicos sino a la contratación de diversos servicios, los cuales, incluso, ya se habían proporcionado.

Pero además, contrademandé a “la empresa”, en nombre de “el proveedor”, solicitando al juez que ordenara el cumplimiento forzoso del contrato y el pago de todas las contraprestaciones pactadas, más los intereses generados desde el primer incumplimiento.

“La empresa” puso en el camino todas las piedras que pudo. No obstante que el juez había ordenado que debía dar acceso y facilitar la tarea de los peritos en informática designados por las partes, al desahogarse la diligencia de revisión de las cuentas de correo electrónico de algunos de sus ejecutivos, “la empresa” no permitió que se revisara una de las cuentas de correo electrónico que “el proveedor” ofreció como prueba.

Pese a los argumentos expuestos y las pruebas ofrecidas, el juez de primera instancia concluyó que “la empresa” cumplió con su obligación de pagar el anticipo y que “el proveedor” no había entregado el equipo en el plazo acordado, declarando la rescisión del contrato y condenando al “proveedor” al pago de todas las contraprestaciones reclamadas por “la empresa”.

Pero el asunto estaba lejos de terminar. Apelé la sentencia ante la Sala, argumentando que la determinación del juez era equivocada, pues no tomó en cuenta que no se designó un domicilio para la entrega y tampoco se contrató el seguro contra daños. Además, no valoró el dictamen del perito en materia de informática que probaba que “la empresa” se negó bajo diversos pretextos a recibir los equipos, no analizó y no valoró las pruebas con las que se acreditó que “el proveedor” sí proporcionó los servicios contratados.

La Sala otorgó razón a la defensa y revocó la sentencia de primera instancia, absolviendo al “proveedor” de devolver el anticipo; sin embargo, no se pronunció sobre los demás puntos.

“La empresa” interpuso un amparo argumentando que era ilegal la sentencia de apelación, pretendiendo que prevaleciera la sentencia dictada en primera instancia, sin embargo, no prosperó.

Es obvio que con la sentencia de apelación “el proveedor” no podría recuperar la inversión realizada ni el resarcimiento del daño económico sufrido, por lo que presenté dos amparos argumentando que la Sala no estudió la contrademanda planteada, no se pronunció sobre la solicitud de pago de las contraprestaciones ni analizó las pruebas aportadas.

Los amparos le fueron otorgados a mi cliente y la Sala tuvo que estudiar la contrademanda. Al analizar las pruebas aportadas y que antes no fueron analizadas, concluyó que “el proveedor” sí había cumplido y “la empresa” no, razón por la que ordenó el cumplimiento forzoso del contrato, y ordenó a “la empresa” el pago de todas las prestaciones reclamadas por “el proveedor”.

Nuevamente “la empresa” interpuso un amparo insistiendo en que “el proveedor” no le entregó el equipo y por tanto no procedía el pago de las contraprestaciones pactadas menos aún los intereses generados y, en todo caso, “el proveedor” todavía debía entregarles el equipo. El Tribunal de Amparo no le concedió razón, sin embargo, sí observó que la vigencia del contrato ya había terminado, por lo que era materialmente imposible la entrega del equipo y por tanto tampoco había bienes que asegurar, pero asegurando la victoria de “el proveedor” al dejar firme todo lo relacionado al cumplimiento forzoso del contrato y el pago de las prestaciones reclamadas.

Finalmente causó ejecutoria la sentencia de la Sala dictada en cumplimiento al último amparo y fue momento de cuantificar el monto de la condena dictada en contra de “la empresa”. El cumplimiento de la sentencia para obtener el pago… ya será otro cuento que contar.

A mi consideración, este caso de éxito enseña, entre otras cosas, que las empresas deben 1) ser muy cuidadosas al momento de celebrar sus contratos, 2)  entender muy bien los términos y condiciones a los que se van a obligar para poder cumplirlos a cabalidad y, de ser el caso, tener certeza sobre cuáles situaciones pueden hacerlas incurrir en un incumplimiento. De lo contrario, “el tiro les puede salir por la culata” al emprender acciones incorrectas, inadecuadas y mal enfocadas.

Si su empresa es del sector tecnología o pretende mejorar sus procesos a través de ellas, asegúrese de que los términos y condiciones de su contrato sean revisados y redactados por un asesor legal experto en la materia para asegurarse que el alcance de la negociación sea claramente definido y entendido por quienes operan su empresa. Y si ya lo tiene y considera que no hay manera de cumplir lo pactado o de renegociar su contrato, también busque a un abogado especialista que pueda asesorarlo y representarlo de manera correcta y adecuada.

¿Quiere saber más detalles sobre este caso de éxito? Le iré contando poco a poco...

Este artículo es una colaboración de

Mtra. Jackeline Calderón

Abogada

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