Logo de la Suprema Corte

 

La Suprema Corte considera que la inhabilitación perpetua es una pena excesiva y desproporcional que viola la Constitución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno efectuada a través del sistema de videoconferencia, invalidó el artículo 144, fracción IV, inciso b) del Código Penal para el Estado de Jalisco, donde por hechos de corrupción se preveía la inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio público.

Asimismo, la disposición establecía la prohibición de participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito, excediera el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Jalisco y de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del mencionado Estado y sus Municipios, los ministros señalaron que la sanción de inhabilitación perpetua es una pena excesiva y desproporcional, que afecta de manera significativa a la libertad de trabajo, el derecho de acceso a los cargos públicos y el derecho a ser votado, generando un efecto estigmatizante en la persona y que, por tanto, resulta contraria a los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal.

Por las mismas razones, invalidó la fracción V del mismo artículo, donde se preveía la inhabilitación perpetua como sanción para particulares, en el mismo supuesto de delitos por hechos de corrupción.

Además, la SCJN invalidó el artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se preveía como sanción para los particulares que hubieren incurrido en actos de corrupción, la inhabilitación perpetua para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

El Pleno destacó que las sanciones administrativas que pueden imponer las entidades federativas deben encontrarse apegadas a las bases y regulaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme lo precisa el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal.

Más información scjn.gob.mx

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net