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La Primera Sala de la SCJN estableció que interrumpir tratamiento de  VIH viola derecho a la salud

Al resolver dos amparos en revisión el máximo tribunal, en sesión remota de Primera Sala, determinó que la omisión de instituciones públicas de salud de suministrar tratamiento antirretroviral sin interrupciones a pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), transgrede su derecho humano a la salud, en relación con la vida e integridad personal.

En los casos, dos personas con VIH/SIDA promovieron juicio de amparo indirecto en contra los nosocomios Hospital General Regional número 1 y 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Querétaro, ante la falta de suministro ininterrumpido de sus medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de su enfermedad.

El Juez de Distrito que conoció de las demandas las sobreseyó, al considerar que no se acreditó la omisión reclamada. Inconformes con esa decisión interpusieron recurso de revisión, solicitando a la Suprema Corte que se ocupara de los casos.

La Primera Sala aceptó atraer los caos para determinar el alcance del estándar de protección del derecho humano a la salud en personas que viven con VIH en relación con la obligación de las clínicas y hospitales del IMSS de proveer atención médica completa a sus derechohabientes y si esta debe incluir el suministro ininterrumpido de medicamentos antirretrovirales para preservar la salud de los pacientes.

El Alto Tribunal resolvió que las instalaciones hospitalarias, al no haber proporcionado el tratamiento antirretroviral sin interrupciones, transgredió el derecho humano a la salud en relación con la vida e integridad personal, pues fue omiso en el cumplimiento de diversas garantías propias del estándar de protección del derecho humano a la salud (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad).

La Primera Sala estimó que dicha omisión no solo representa un peligro para la vida e integridad de los quejosos, sino que también conlleva el incumplimiento de la obligación estatal de avanzar lo más expedita y eficaz posible hacia la realización del derecho a la salud, tomando en consideración el máximo de los recursos de que dispone.

Asimismo, se estableció que no se demostró haber adoptado las medidas necesarias para evitar el incumplimiento, ni se acreditó haber agotado todos los recursos con los que cuenta para garantizar el cumplimiento, esto en atención a la especial protección que merecen las personas que viven con VIH/SIDA.

Es este sentido, la Sala resaltó que el tratamiento antirretroviral debió haber sido suministrado al quejoso tomando en especial consideración que se trata de una persona infectada con VIH/SIDA; supuesto en el que el Estado debe procurar la garantía del tratamiento indispensable para el control de su sintomatología, así como para el control del deterioro de su integridad física y psíquica, esto, de forma ininterrumpida.

Por tales motivos, la Sala concedió el amparo y ordenó garantizar y proveer vitaliciamente a los quejosos, sin interrupciones, los fármacos para su tratamiento antirretroviral; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad.

Lo anterior, bajo el entendido de que, si se carece de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha realizado su mayor esfuerzo para utilizar la totalidad de los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento.

Las asociaciones México Igualitario y Centro de Orientación e Información de VIH/Sida (COIVIHS), que apoyaron  a los quejosos, festejaron esta decisión.

"La Corte sostuvo que en materia de salud, el Estado tiene una obligación de no solo garantizar la asistencia médica, sino de brindar un tratamiento adecuado, de manera oportuna, ininterrumpidamente y en el caso de enfermedades crónicas o síndromes, de forma vitalicia", indicaron en un comunicado.

En México hay casi 313.000 personas seropositivas a VIH y las asociaciones denuncian que cerca de la mitad de ellas dependen del Fondo de Salud para el Bienestar.

"El proyecto de sentencia aprobado enfatiza los compromisos internacionales y nacionales que el Estado tiene para garantizar el respeto del derecho a la salud para todas las personas, pero en especial a las que viven con VIH", indicó el boletín.

Aunque el fallo solo amparó a dos derechohabientes del IMSS, las asociaciones señalaron que la Primera Sala estableció los estándares de protección del derecho a la salud de las personas que viven con VIH.

Más información scjn.gob.mx

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