Aguinaldo

 

El decreto que establece el aguinaldo para los servidores públicos podría ser inconstitucional al reducir el monto que históricamente se ha entregado

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 y es a partir de este que las dependencias y entidades del gobierno federal empiezan a pagar el aguinaldo.

Este es un decreto que se ha publicado tradicionalmente cada fin de año, desde hace décadas. En una búsqueda en el sitio del DOF (dof.gob.mx) se pueden encontrar antecedentes por lo menos hasta 1978, lo que es entendible ya que el aguinaldo para los servidores públicos se incorporó a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) en 1975, al adicionarse el artículo 42 Bis.

Como la LFTSE excluye de su aplicación a distintos servidores públicos (trabajadores de confianza, personal militar del Ejército y Armada Nacional, miembros del Servicio Exterior Mexicano, personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios y personal por honorarios), mediante un acto discrecional del titular del Poder Ejecutivo, que después se sustentó en los principios de justicia y equidad, se extendía este derecho a esos trabajadores y a los pensionados del gobierno federal, identificándolo como una gratificación.

Es por ello que está gratificación se otorgaba en los términos que establece la LFTSE, es decir, 40 días de salario pagados en dos exhibiciones, una el 15 de diciembre y otra a más tardar el 15 de enero.

Tan se considera un acto que depende de la decisión del presidente que, en tiempos modernos, se ha establecido en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que “El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos, se sujetará a los términos del decreto que emita para tales efectos el Ejecutivo Federal” y una parte se considera como prestación por disposición del Ejecutivo Federal.

En este panorama el aguinaldo tiene estas características: a) acto jurídico del presidente, orientado en principios de justicia y equidad, que antes se calificaba de discrecional; b) prestación por disposición del Ejecutivo Federal; c) sujeta a los términos del decreto; puede considerarse que el presidente está en la libertad de disminuirlo o aumentarlo.

Ante la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tal vez habría que reconsiderar ese diagnóstico. Aunque los trabajadores de confianza tienen limitados sus derechos, la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional establece expresamente que disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social.

Dispone el alto tribunal en una ejecutoria que: “Ese derecho no puede ser restringido, sino por el contrario, que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador donde queda incluido el pago de prestaciones tales como el salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, entre otras, así como los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social…”.

En adición a lo anterior, en una jurisprudencia de 2002 el alto tribunal estableció que el aguinaldo es parte integrante del salario.

Por otra parte, un criterio establecido en una tesis aislada de 2005 señala que los trabajadores de confianza al servicio del estado, tienen derecho al pago de aguinaldo, entre otras prestaciones, acorde con la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, que reconoce el derecho a percibir las mismas remuneraciones legalmente generadas por la prestación de servicios al Estado. Y subraya: “En estas condiciones, si las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo constituyen prerrogativas establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con independencia de que ésta sea inaplicable directamente a los trabajadores de confianza, se concluye que por disposición constitucional a ellos les asiste el derecho a disfrutarlas cuando se ubican en los supuestos que justifican su pago”.

Asimismo, en una jurisprudencia de 2007, los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la fracción XIV citada, “conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social…”.

Aunado a lo anterior, el propio decreto sobre el aguinaldo de este año reconoce que las remuneraciones de los servidores públicos forman parte del presupuesto de egresos, que estas son irrenunciables, anuales y que incluye el aguinaldo (artículos 75 y 127 constitucional)

Entonces, si el aguinaldo se encuentra incluido en el Presupuesto de Egresos, es parte de las remuneraciones o salario de los trabajadores excluidos de la LFTSE, y este goza de las medidas protectoras al salario, no es una prestación que concede discrecionalmente el presidente, sino que se trata de un derecho reconocido y protegido por la Constitución, por lo que su monto no puede ser reducido y debe entregarse en los términos previstos en Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Desde abril hemos sostenido que reducir el aguinaldo puede ser inconstitucional, puedo estar equivocado en mi conclusión, pero vale la pena una reflexión sobre el tema.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net