Desde que el gobernador de Chihuahua anunció que la sede de los tres poderes del Estado se iban a trasladar a Ciudad Juárez,  la medida fue calificada por algunos como ilegal e incluso inconstitucional.

Conforme a la Constitución del Estado, el titular del Ejecutivo estatal no esta impedido legalmente para ausentarse de la capital, ni necesita pedir licencia o dar aviso a los otros Poderes para despachar desde Cd. Juárez. Cambiar la sede de los poderes esta previsto en el artículo 32 de la Carta Magna local y debe ser aprobada por  las dos terceras partes del número total de Diputados que integren la Legislatura. Como actualmente el Congreso se encuentra en receso y el segundo período ordinario de sesiones comenzará el 16 de abril, deberá convocarse por parte de la diputación permanente o el propio Gobernador a un periodo extraordinario de sesiones para que se apruebe la medida. El Congreso esta compuesto de 33 diputados: 15 del PRI, 12 del PAN, 3 de Nueva Alianza, y uno del PRD, PT y PVEM.

Al estar contemplada esta medida en la Constitución, y existir el procedimiento legal necesario para ello, no puede ser calificada de inconstitucional o ilegal.

Por otra parte, en la Cámara de Senadores el Senador Ramón Galindo Noriega se manifestó porque su fracción proponga que se instaure el “estado de excepción” en Chihuahua, sin descartar además que se decrete un “toque de queda”.  “El estado de excepción” y el “toque de queda” no están incluídos en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sucede en países como España o Colombia. En México lo que se contempla es la suspensión de garantías, la cual se encuentra prevista en el artículo 29.

La suspensión de garantías se aplicó en nuestro país en varias ocasiones para combatir el robo con violencia, a los salteadores de caminos, secuestradores y se aplicó en épocas de alta inestabilidad social. La última ocasión que se aplicó fue por el General Manuel Ávila Camacho el 1° de junio de 1942, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Este decreto fue más general restringiendo la libertad de trabajo, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de reunión, tenencia de armas, de libre tránsito, además de las de seguridad jurídica y legalidad.

Nuestros representantes tienden a no ser precisos cuando citan las disposiciones legales.

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