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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer por mayoría de ocho votos que la materia de la consulta sobre la actuación de los expresidentes es constitucional, aunque modificó la pregunta

El día de ayer el proyecto del ministro Luis Maria Aguilar Morales fue discutido en el pleno de la SCJN, debate en la que todos los ministros expresaron su opinión.

Las reglas del debate fueron establecidas al principio de la sesión por el ministro presidente Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea: primero se discutiría la constitucionalidad de la materia de la consulta y, de considerarse constitucional por la mayoría, se discutiría la pregunta.

Después el ministro Aguilar presentó su proyecto resumiendo las razones de inconstitucionalidad en cinco puntos: condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determine un sector de la población; pone en riesgo los derechos de las víctimas y de las personas ofendidas; viola los principios de presunción de inocencia y debido proceso penal violando derechos humanos; restringe las garantías o mecanismos para la protección de derechos humanos especialmente la investigación, persecución y sanción de los delitos y viola el principio de igualdad a someter solo a un grupo de personas al escrutinio público.

Inmediatamente el ministro Zaldívar tomó la palabra, haciendo primero un posicionamiento en el que establece que en este caso la participación de la SCJN es de carácter político constitucional, considerando que su función es maximizar y dar la interpretación más amplia posible al derecho humano a la participación en la toma de decisiones por lo que considera necesario “adoptar una aproximación deferente (favorable) a la consulta”

Después, el ministro señaló que estaba en contra del proyecto al considerar que la consulta puede no ser vinculante, sino sólo buscar la participación ciudadana y que esta consulta en específico no se refiere a derechos humanos sino a la política criminal, que aunque no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, no está prohibido en el artículo 35 constitucional.

Luego tomó la palabra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que presentó una posición ambigua. Destacó el papel de la SCJN en la consulta popular como mediador entre la ciudadanía y las autoridades en una crisis de representación, coincidió en la necesidad de maximizar el derecho a la consulta. Después,  en principio se manifiestó a favor del proyecto, pero si la mayoría consideraba que la materia de la consulta no es la procuración a la administración de justicia, sino las facultades del ejecutivo para reunir información sobre un pasado específico, dijo que votaría en contra del proyecto.

Posteriormente tocó el turno a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien afirmó que no coincidía con el proyecto por partir de una visión restrictiva del derecho humano a la consulta y que consideraba necesario que la SCJN ejerza su facultad de modificación para maximizar el derecho, señalando que la materia de la consulta es el esclarecimiento.

Yasmín Esquivel Mossa, por su parte, consideró que la materia de la consulta es la responsabilidad de los servidores públicos y el combate a la corrupción, por lo que manifestó su voto en contra del proyecto.

A continuación el ministro Alberto Pérez Dayán se manifestó a favor de una interpretación amplia, y consideró que retirando la carga ideológica que contienen los considerandos de la consulta, la materia más próxima es la responsabilidad de los servidores públicos, y correspondería modificar la pregunta “a manera de que derive directamente de la materia, no sea tendenciosa ni contenga juicios de valor, emplee un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, no sea inquisitoria y produzca una respuesta categórica…” aunque concluyó que la consulta le parecía “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también se manifestó por maximizar el derecho a la consulta, aunque también presentó una posición ambigua al señalar que si la materia de la consulta considera el esclarecimiento de los hechos y se reformula la pregunta a realizar votaría en contra del proyecto, pero dijo que si la mayoría votaba a favor del proyecto, él lo haría en ese sentido.

Posteriormente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se manifestó a favor del proyecto, pero propuso que se considera que la materia de la consulta es una amnistía para salvar los problemas de inconstitucionalidad.

Por su parte el ministro Javier Laynez Potisek se presentó a favor del proyecto al considerar que la consulta sí implica violaciones a los derechos humanos y afirmó que la justicia no se consulta, incluyendo la justicia administrativa en el caso de responsabilidad de los servidores públicos.

El ministro José Fernando Franco González Salas también se manifestó a favor del proyecto, aunque dijo que se separa de algunas de las consideraciones.

En el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, igualmente se manifestó a favor del proyecto, destacando que la decisión de la SCJN en el caso no se refiere al derecho de consulta, sino a una pregunta específica, la cual considera violatoria de derechos humanos. Asimismo se manifestó en contra de la opinión de que se pueden hacer consultas que no sean vinculantes o que la SCJN puede modificar la materia de la consulta, porque en la exposición de motivos de la propia materia de consulta se estableció que el alto tribunal no debía tener ese tipo de participación.

Finalmente el ministro Luis María Aguilar Morales, manifestó su opinión y reiteró el contenido del proyecto.

Habiendo manifestado todos su opinión votaron en contra del proyecto los ministros Zaldívar, González Alcántara Carrancá, Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa y Pérez Dayán.

Por la inconstitucionalidad de la materia de la pregunta votaron Laynez Potisek, Pardo Rebolledo, González Salas, Piña Hernández y el ministro ponente Luis María Aguilar.

Finalmente en privado, los ministros replantearon la pregunta, a fin de que esta cumpliera con los requisitos previstos en la Constitución y se tomó votación. A favor de la pregunta votaron los ministros Zaldívar, González Alcántara Carrancá, Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa y Pérez Dayán. En contra votaron los ministros Laynez Potisek, Piña Hernández y Luis María Aguilar.

La pregunta finalmente quedó así:

¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La pregunta pasa ahora a la Cámara de Senadores para discusión y luego a la Cámara de Diputados. La pregunta no podrá ser modificada. Si es aprobada, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al INE y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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