El tercer tribunal colegiado en materia administrativa confirmó ayer el criterio emitido por Sergio Urzúa Hernández, Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de que no proceden las suspensiones en vía de amparo contra los arrestos administrativos hasta de 36 horas que se emiten contra aquellos conductores que no pasan la prueba del alcoholímetro.

Además, el tribunal también ratificó que las demandas de amparo contra ese tipo de detenciones deben desecharse de inmediato si la demanda no viene firmada por el quejoso.

Este criterio resulta relevante ya que es el único  juzgado, de los 16 que reciben estas demandas, que lo sostiene.

 

Esta es la segunda tesis a favor del alcoholímetro, ya que con anterioridad, el 20 de junio de 2007, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó la Tesis de Jurisprudencia 117/2007, al resolver la contradicción de tesis 98/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

 



La tesis establece que el artículo 102, párrafo primero, del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal no viola el artículo 21 constitucional al establecer como sanción el arresto de 20 a 36 horas, ya que dicho artículo constitucional permite a la autoridad valorar la gravedad de la infracción y, en esa medida, imponer la sanción.

En contra del alcoholímetro ha surgido toda una industria, que en 2009 represento más de 8.7 millones de pesos en ganancias. A los “visitantes” del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, se acercan seudo-abogados que por cantidades que van de los 1,500 a los cuatro mil pesos, ofrecen tramitar el amparo para liberarlos de la sanción. Una vez que están libres con una suspensión provisional, en raras ocasiones les informan a los afectados que deben ratificar su demanda, o dar seguimiento  a la misma, o que el asunto puede perderse, por lo que al final, al concluir los juicios, deben regresar a terminar de cumplir sus horas de arresto.

Así le ha sucedido tanto a desconocidos como a famosos como Fabián Lavalle o Ari Borovoy, quienes al final han tenido que cumplir con la sanción.

La Secretaría de Seguridad Pública ha combatido los amparos y a los “coyotes” que los promueven. Tan es así que en 2007 denunciaron a dos abogados acusándoles de promover "defensas improcedentes o dilaciones notoriamente ilegales", de acuerdo con el artículo 232, fracción segunda, del Código Penal Federal, ya que sólo demoran la impartición de justicia. Se calcula que entre los dos habían presentado más de 7000 amparos con ganancias superiores a los catorce millones de pesos.

Pero las prácticas son diversas, algunos promueven un “seguro” anual por 650 pesos, o inclusive puedes contratarlos e imprimir la demanda de amparo a través de Internet.

La última que se ha detectado es la “suplencia” del detenido, cobrando de 9 mil  a 15 mil pesos para que un tercero cumpla en tu nombre con el arresto.

Lo que los ciudadanos del D.F. no deben de perder de vista es que los amparos se están perdiendo, y tarde o temprano tendrán que cumplir con el arresto.

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