Congreso de Nuevo León

 

Un tribunal federal presentó a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de separación del cargo de los integrantes del Congreso de Nuevo León por no acatar, en repetidas ocasiones, una sentencia de amparo para ratificar a un magistrado local.

En sesión virtual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito correspondiente a Nuevo León concluyó, por unanimidad de votos, que los legisladores no han dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que les obliga a confirmar por un nuevo periodo de 10 años a Ángel García Guerra como integrante del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

Una sentencia de amparo causa ejecutoria cuando ya no puede ser impugnada por considerarse cosa juzgada. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. En este caso, la sentencia que concedió el amparo se dictó el 6 de febrero de 2018

El acuerdo del tribunal colegiado dice: “Remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta de separación del cargo de la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes en los términos establecidos en el artículo 193 de la Ley de Amparo.

El artículo citado señala que cuando una ejecutoria no se encuentre cumplida total y correctamente, previa formación del cuaderno correspondiente, se remitirán los autos a la SCJN para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia y, en su caso, se proceda a la destitución y consignación de las autoridades obligadas.

Durante la sesión a distancia del tribunal federal, el magistrado Manuel Suárez Fregoso explicó que el viernes 7 de agosto el Congreso estatal presentó una promoción en el sentido de que pedía declarar sin materia el juicio alegando que ya habían acatado la sentencia de amparo.

Sin embargo, el magistrado explicó que del análisis de las constancias se demuestra que la sentencia no estaba cumplida por lo que el tribunal colegiado debía concluir también que el amparo no se había respetado por el Poder Legislativo de Nuevo León.

“Se propone declarar que subsiste el incumplimiento de la sentencia. La autoridad responsable debía, además de emitir otro dictamen, prescindir de imputarle las conductas que previamente le había atribuido al quejoso y analizar la opinión favorable del Consejo de la Judicatura del Estado.

“Si bien se emitió un nuevo dictamen, lo cierto es que reiteró la imputación de mala conducta al quejoso con base en una prueba que no fue precisada y valorada en el dictamen originario y sin tomar en cuenta la opinión favorable en su desempeño”, señaló Suárez en la propuesta que fue respaldada por sus compañeros.

En el caso, el 29 de noviembre de 2017, el Congreso de Nuevo León no ratificó al magistrado local, al argumentar que incurrió en indisciplina por supuestamente no resguardar información confidencial.

El magistrado promovió un amparo, el cual le fue concedido el 6 de febrero del 2018, y la sentencia establece que la resolución de no ratificación no tenía sustento legal al estar basada en notas periodísticas y páginas de internet que no tienen fuerza probatoria suficiente.

La sentencia ordenó a los legisladores retomar el proceso para ratificar al magistrado Ángel García Guerra sin tomar en cuenta las acusaciones infundadas de que difundió información privada. Sin embargo, el Congreso de Nuevo León reiteró la imputación de mala conducta la sentencia, sin probar de forma adecuada la misma, por lo que el tribunal colegiado consideró que la ejecutoria no se había cumplido.

Ahora la SCJN deberá determinar si es procedente la propuesta, y en su caso, se demuestren el acatamiento a la ejecutoria o las razones que justifiquen el incumplimiento.

El asunto todavía va para largo.

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