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El lunes 3 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, con el argumento de “posibles violaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales, entre otras prerrogativas”.

Estás reformas fueron aprobadas en el marco de la armonización de la legislación nacional con el capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque algunos consideran que las reformas aprobadas contienen previsiones y condiciones mucho más estrictas e inflexibles que aquellas adoptadas por Estados Unidos y Canadá, poniendo a México en desventaja comercial respecto a estos países.

Desde la presentación del proyecto de reformas en el Senado, a partir de junio de 2020, diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron sus reservas sobre las reformas, advirtiendo que lesionabam gravemente los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

De acuerdo al análisis de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales especializadas en la materia, las reformas aprobadas habilitan la censura en línea, debido al establecimiento del mecanismo de “notificación y retirada”, y privilegian los intereses de las grandes corporaciones frente a la autodeterminación que tienen las personas en México en el uso de sus dispositivos, por la falta de excepciones previstas a la elusión de medidas tecnológicas de protección.

Pese a las advertencias, el Congreso aprobó las modificaciones en lo que las ONGs consideran un proceso apresurado, opaco y sin una discusión abierta e inclusiva.

Ahora las organizaciones civiles y académicos universitarios como la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC, el Civic Innovation Lab de la Universidad Nacional Autónoma de México, Artículo 19, entre otros, celebraron que la CNDH haya presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reformas pues “representa un acto de congruencia con su responsabilidad y competencia”. 

A través de la coalición #NiCensuraNiCandados, más de 30 organizaciones, colectivos y asociaciones convocaron a la ciudadanía a exigir la intervención de la CNDH. La campaña logró reunir más de 70 mil correos electrónicos dirigidos a la Comisión, en la cual se le solicitaba seguir el mandato que le corresponde de velar por los derechos y libertades y promover la acción de inconstitucionalidad.

Las ONGs solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atender esa acción de inconstitucionalidad y dejar sin efecto las modificaciones “tan regresivas y lesivas para los derechos humanos”.

Por su parte, la abogada Quetzalli de la Concha, experta en derecho de autor y presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, considera infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, ya que no está contemplando otras garantías que reconoce la propia Constitución, como el Artículo 28, que reconoce como un derecho la remuneración a los autores por su trabajo.

“Nadie está tocando en la Ley Federal de Derechos de Autor ni en el Código Penal Federal el derecho a informar y ser informado, lo único que se hace es aclarar y especificar conceptos de cómo se usan o ejercen los derechos patrimoniales de los autores en los medios digitales e Internet, cuáles son sus limitaciones y reiterar que estos usos y reproducciones siempre estarán sujetos a la autorización del autor” concluyó.

Más información eluniversal.com.mx

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