El titular del Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 149 Ter del Código Penal Federal Código Penal Federal para sancionar la difusión de ideas basadas en la superioridad y el odio racial.
La iniciativa también propone sancionar a quien asista, financie u organice actividades racistas o que inciten a realizar actos discriminatorios o violentos en razón de color u origen étnico.
La iniciativa propone adicionar en el artículo vigente como conductas susceptibles de sanción la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, y la incitación a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier raza, grupo de personas de otro color u origen étnico.
El documento también propone sancionar a quien "ejecute actos de violencia en contra de una persona o un grupo de personas con motivo de su raza, color de piel u origen étnico, asista a actividades racistas, financie estas, o participe en organizaciones o actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, u organice grupos que inciten a realizar actos de discriminación racial".
En estos casos, la incitación, organización y financiación, tendrá penas de hasta en un tercio adicional a la pena establecida para tal delito, es decir, de hasta cuatro años de prisión y hasta 400 días de trabajo a favor de la comunidad o 266 días de multa (aunque ahora las sanciones son en Unidades de Medida y Actualización, UMAS).
Y una pena de hasta cuatro años y medio cuando el delito se cometa por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género.
Con las enmiendas se busca que México dé cumplimiento a los compromisos asumidos desde 1975 al ratificar su firma a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Esas reformas fueron ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un amparo en revisión señalando los ministros que si bien el Código Penal Federal ya sancionaba actos de discriminación al negar acceso al empleo o a servicios de salud o educativos, hacía falta penalizar la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, así como la participación financiamiento u organización de actividades para promoverlas, lo que ahora se propone.
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