El gobernador del estado de California, Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, sugirió, frente a la crisis financiera que vive su estado, que podrían ahorrarse hasta la mitad de los costos de su sistema penitenciario, si se construyeran y administraran prisiones en territorio mexicano para albergar a los mexicanos indocumentados que purgan penas en el estado de California.

“Pienso que podemos mejorar el sistema penitenciario si podemos llevar reclusos, como por ejemplo, unos 20,000 reclusos que son inmigrantes ilegales y que están aquí, y llevarlos a México” declaró el gobernador de California, y añadió que “pagaríamos para la construcción de las prisiones en México y tendríamos a los inmigrantes indocumentados allá. Costaría la mitad construir y administrar la prisión.” “Ahorraríamos miles de millones de dólares que se podrían aplicar a la educación superior”.

Es posible que su plan funcione según las leyes de su estado, sin embargo, la construcción y administración de una prisión de este tipo en nuestro territorio no resulta un asunto legal de tan fácil resolución por dos razones primarias.

Primero, la Constitución Política garantiza en su artículo 18 el derecho de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, de ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, siempre y cuando este traslado sea conforme a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto y que el traslado de los reclusos se haga mediante su consentimiento expreso.

Así, no se trata simplemente de mover reos de un país a otro, sino de aplicar las leyes y tratados internacionales y mediando en todo momento el consentimiento de los mismos.

En segundo lugar, el artículo 21 de la Constitución política establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

La ley reglamentaria de este artículo es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que en su artículo 3° incluye los programas de reinserción social y crea para tal efecto la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De lo anterior se desprende el que el sistema penitenciario sea una función pública ejercida por los tres niveles de gobierno según el ámbito de sus respectivas competencias. Y si bien parece que no hay norma expresa que prohíba su concesión, entregar la administración de una prisión a un gobierno extranjero, supone otro tipo de trámites y genera otro tipo de obstáculos no solo legales sino también políticos.

Fuente BBC News

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