Placa de policía

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno realizada a través del sistema de videoconferencia, consideró que es válido que se agraven las penas en los casos de homicidio y lesiones cuando son cometidos contra miembros de las instituciones de seguridad ciudadana en ejecución de sus funciones o con motivo de ellas.

En agosto de 2019 se publicaron diversas reformas al Código Penal (CPCM) y a la Ley de Cultura Civíca, ambos de la Ciudad de México, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos consideró que algunas de estas reformas eran violatorias de derechos humanos y promovió una acción de inconstitucionalidad. El jueves, el Pleno de Ministros comenzó a resolver las impugnaciones presentadas.

El primer artículo a analizar fue el artículo 138 BIS del CPCM, que establece que cuando la víctima de lesiones u homicidio sea integrante de alguna institución de seguridad ciudadana en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena se agravará en una tercera parte; además de que se impondrán de 48 a 360 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Esta reforma fue promovida en respuesta a las agresiones que reciben algunos policías, sobre todo aquellos que actúan en presencia de manifestaciones o control de multitudes.

En el proyecto elaborado por la ministra Yasmin Esquivel Mossa se consideró que dicho artículo no viola el principio de igualdad porque se justifica dar una protección especial a esos funcionarios, ya que éstos están en especial riesgo por las funciones que se les encargan a esas instituciones.

Hubo entre los ministros una discusión sobre si el artículo era ambiguo al no mencionar explícitamente a los policías uniformados. Sin embargo, al final se consideró que se debe entender que la norma protege a cualquier funcionario sea administrativo u operativo, que actúe en ejercicio de funciones de seguridad ciudadana.

Aunque los ministros coincidieron con la validez del artículo se apartaron de las consideraciones del proyecto que lo ve como un beneficio para estos servidores públicos, al considerar que más bien se trata de la protección de la función de la autoridad, como medio para garantizar la seguridad pública. El proyecto será modificado para atender las opiniones de los ministros, pero prevalece la constitucionalidad del artículo.

En la sesión, también se abordó la fracción X del artículo 224 del CPCM, donde se establece que los empleados bancarios que colaboren en el robo a cuentahabientes recibirán la misma pena que se imponga a quien realice directamente el hurto, proponiendo el proyecto la validez de la disposición.

Sin embargo seis de los ministros de la SCJN se pronunciaron por la inconstitucionalidad el artículo, advirtiendo que el término “colaboración” no era suficientemente claro. Al no alcanzarse la votación calificada de ocho votos, que según la Constitución federal es necesaria para invalidar una norma ya vigente, este artículo continuará aplicándose en sus términos.

La discusión de otros aspectos de está acción de inconstitucionalidad continuará en la próxima sesión del Pleno de la SCJN.

Más información scjn.gob.mx

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