La Juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí resolvió un amparo en favor de una niña que asiste a la Escuela Primaria "José María Pino Suárez", obligando a las autoridades estatales a garantizar el derecho a la educación de la menor, debiendo verificar inmediatamente la calidad de la infraestructura educativa de todos los espacios donde estudia, que los espacios sean suficientes y salubres y que se considere el uso didáctico de las tecnologías de la información.
El caso inició en abril de 2019 cuando la asociación civil Renace capítulo San Luis Potosí, promovió un amparo indirecto para exigir la garantía del derecho a la educación de la menor, debido a que la escuela donde estudia no contaba con los servicios básicos para operar, como baños suficientes e higiénicos, aulas seguras e infraestructura eléctrica. En la demanda se explicaba que los techos de los salones estaban a punto de caer sobre los alumnos y que en lugar de sanitarios debían utilizar letrinas.
"Desde ese momento, comenzó la batalla para que las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno voltearan a ver la situación crítica en la que cientos de niñas y niños estudiaban en San Luis Potosí, y con ello lograr el inicio de la reconstrucción de su escuela", afirmó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Renace San Luis.
A más de un año, durante el que las autoridades tuvieron que reconstruir la escuela, instalar bebederos y hacer trabajos de limpieza en seguimiento a una suspensión definitiva para que se subsanara la omisión, la Juez Octava de Distrito resolvió en forma definitiva el asunto.
Con ésta sentencia, se beneficiará a los casi 400 niños que acuden a la primaria, ubicada en la localidad de San José del Barro, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La juzgadora consideró que las omisiones en las que incurrieron las autoridades estatales violentaron los derechos fundamentales de la niña y del resto de los alumnos que acuden a la misma escuela e incluso señaló que el gobernador del estado tiene responsabilidad en el asunto al omitir utilizar los recursos otorgados por la Federación para “coordinar, unificar, apoyar y mejorar las actividades educativas de la entidad”.
José Mario de la Garza destacó la relevancia de que la juez ordenó que la sentencia se publicara en formato de lectura fácil con el objetivo de que la niña en compañía de sus padres, pueda leerla y se reconozca como una niña con derechos.
“De acuerdo a las leyes de México, todos los niños y niñas de este país tienen derecho a recibir educación y esa educación debe ser igual para todos”, escribió la juez a la pequeña.
“Decidí que se afectaron tus derechos y ordenamos a las autoridades que cumplan con sus obligaciones para que se revisen que todos los salones, patios, baños, plazas, andadores, entre otros lugares, sean seguras para los alumnos”, agregó.
Además, ordenó a las autoridades garantizar la adecuada limpieza del plantel y que en el mismo se incluyan una biblioteca y un salón de cómputo equipado con Internet para todos los alumnos.
Renace busca que mediante la tramitación de amparos en los que los niños acudan ante los jueces federales, se hagan visibles los problemas de infraestructura que tienen diversos planteles, condiciones que de acuerdo a la organización, impactan directamente en el desarrollo de los menores.
Luego de tener éxito en San Luis Potosí, la organización se alista para presentar demandas en 10 estados del país.
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